SI todos son culpables ninguno lo es. Lo avisó hace una temporada -décadas- Simone de Beauvoir previniendo contra la tentación, tan humana, de eludir nuestras responsabilidades personales diluyéndolas en un magma de culpas colectivas y anónimas que nos permiten dormir tranquilos, falsamente inocentes.

La responsabilidad debe ser individualizada cuando los encargados de que el sistema judicial funcione fallan con el estrépito con que han fallado en el caso de la niña Mari Luz Cortés. El primero que ha fallado ha sido el juez Rafael Tirado, que incumplió su deber, constitucionalmente marcado, de juzgar el delito, que sí lo hizo, y hacer ejecutar lo juzgado, que no lo hizo. Condenó a Santiago del Valle por abusar de su hija y no ordenó ejecutar la sentencia. Después vino lo que vino.

Pero las cosas no son tan simples. Para que la cadena de errores judiciales produjera el resultado siniestro que produjo tuvieron que concurrir más negligencias y más disfunciones del sistema. El Consejo General del Poder Judicial se dispone a sancionar al juez Tirado por "falta muy grave de desatención", que acarrea traslado forzoso, suspensión o separación de la carrera judicial. Ahora bien, el propio Consejo General, enredado en sus disputas de carácter político, no ha tenido tiempo o voluntad de realizar inspecciones completas de las actuaciones de los jueces a los que gobierna o de articular un registro informático que permita controlar a un tipo de delincuentes particularmente dañino y peligroso para la sociedad. ¿Quién sanciona a los consejeros por su falta muy grave de desatención? Las sentencias penales por ejecutar se cuentan por varios cientos de miles. La Fiscalía también tiene mucho que decir, y reconocer, al respecto.

Tampoco se pueden ir de rositas las autoridades del Ministerio y la Consejería de Justicia, responsables del estado deplorable en que se encuentra el sistema judicial, con juzgados colapsados de diligencias y expedientes y sin los recursos materiales y humanos que serían precisos para prestar a los ciudadanos el servicio impagable de una Justicia rápida y solvente. Ambas instituciones parecen demasiado interesadas en atribuir la paternidad exclusiva de lo sucedido a un juez, sólo uno, cuando la responsabilidad debe ser evidentemente compartida por ellas mismas.

Aquí queda mucha tela por cortar. La misma que ahora, como siempre, algunos pretenden esconder con la excusa de que no hay que reaccionar en caliente ante un hecho tan grave y desolador. La experiencia sugiere que si se deja enfriar el ambiente termina por no hacerse nada. Y todas las Mari Luz quedarán otra vez expuestas al monstruo que acecha.