MÁS de la mitad de los ayuntamientos españoles -concretamente, 4.622- se han acogido al mecanismo de financiación excepcional puesto en marcha por el Gobierno de la nación para pagar los casi dos millones de facturas pendientes a sus proveedores por un importe total de 9.584 millones de euros. El instrumento consiste, básicamente, en un fondo especial creado al efecto por el que los consistorios accederán a un crédito que devolverán a un interés cercano al 5% durante diez años, con dos de carencia. Una vez el Ministerio de Hacienda valide toda la información que han aportado los ayuntamientos, éstos empezarán a abonar las facturas que en muchos casos les han llevado al borde del colapso y, con éste, a provocar el cierre o la reducción de empleo de miles de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que han sido forzadas a liquidar su actividad por la falta de ingresos correspondientes a los servicios prestados. Este dato da idea de la importancia de esta iniciativa de Hacienda: no sólo contribuye a sanear las finanzas locales, sino que permite la continuidad de la actividad de los proveedores y normaliza servicios municipales cuyo deterioro está afectando negativamente a la vida cotidiana de los ciudadanos. El Gobierno ha querido asegurarse de que esta dotación financiera no quede en un parche coyuntural que tape agujeros llamados a reproducirse en el futuro. Es por eso por lo que los ayuntamientos demandantes del crédito han de remitir también un plan de ajuste mediante el que se obligan a adoptar decisiones sobre sus ingresos y gastos a fin de equilibrar sus presupuestos para evitar la reedición del problema actual. En un catálogo de veintitrés posibles medidas, cada ayuntamiento habrá de precisar qué subidas tributarias y supresión de exenciones y bonificaciones piensan llevar a cabo y qué decisiones de ahorro en materia de reducción de personal o de sueldos aplicarán en cada caso. Los municipios recibirán ayuda del Estado a cambio de ajustar sus cuentas. Nada más lógico.

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