Editorial

La política y la legalidad

LA Sala 61 del Tribunal Supremo, compuesta por dieciséis magistrados y en la que ha recaído la responsabilidad de ejecutar la sentencia que declaró ilegal a Batasuna por su vinculación con la banda terrorista ETA, ha acordado por unanimidad no decretar el embargo de las herriko tabernas que el nacionalismo radical mantiene en funcionamiento en numerosas poblaciones del País Vasco. Las tabernas abertzales fueron registradas por la Policía y la Guardia Civil en octubre de 2006, dentro del proceso de ilegalización de Batasuna, ante los indicios de que estaban controladas por dicha formación política, instrumento a su vez de ETA. El inventario de sus bienes que entonces se hizo tenía por objeto preparar la liquidación del patrimonio que se derivaría lógicamente de esta condición suya de mecanismo de funcionamiento del entramado etarra. Nadie en el País Vasco puede ignorar que estas tabernas, adornadas con toda la simbología proterrorista, son lugares de reunión, adoctrinamiento y financiación del movimiento nacionalista radical. Pero el Estado democrático se caracteriza por la aplicación estricta del principio de la presunción de inocencia. Para actuar judicialmente contra alguien hay que convertir los indicios de su culpabilidad en pruebas y las sospechas en evidencias. Es lo que no se ha logrado en esta parte del procedimiento contra Batasuna. Se trataba, según el Supremo, de probar que numerosas herriko tabernas, aunque formalmente sean propiedad de asociaciones culturales, sociedades mercantiles o personas individuales dedicadas a la hostelería, pertenecen material y efectivamente a la organización Batasuna, situada fuera de la ley. Este extremo no se ha probado a lo largo de los últimos catorce meses, según el auto dictado ayer por la Sala 61 del Tribunal Supremo. Correspondería ahora a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en defensa del interés común, recurrir la decisión y proponer el ejercicio de las acciones pertinentes para identificar al propietario real de cada taberna. Sería un caso obligado de lo que judicialmente se conoce como "levantamiento del velo". Hay que levantar el velo en las herriko tabernas, como ya se hizo, con éxito, en numerosas organizaciones y entidades aparentemente autónomas, pero realmente subordinadas a ETA.

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