EL PRESIDENTE del Gobierno sorprendió ayer a propios y extraños al anunciar que su Ejecutivo, que hace apenas unos días aprobó la extensión del subsidio de paro en un importe de 420 euros, está ahora dispuesto a replantearse la gestión de dicha ayuda ante la oleada de críticas -políticas, sindicales, ciudadanas- surgidas a raíz de lo limitado de su aplicación. Zapatero dejó caer la posibilidad de ampliar las ayudas -en principio, restringidas a los parados que hayan perdido la prestación a partir de agosto- después de consultar con los sindicatos. No hace falta alguna: las centrales sindicales ya intentaron antes del último Consejo de Ministros -presentado desde la Moncloa como una reunión de urgencia en mitad de las vacaciones para atender el grave problema social de los parados que quedan sin sustento- que el Ejecutivo fuera más flexible con el subsidio. No lo lograron. El pretexto del Gobierno fue que el coste de la medida se disparaba. No es necesario, por tanto, consultar nada, puesto que las posiciones están claras hace tiempo. La medida, que el Ejecutivo ha prometido mantener si el índice de desempleo no baja del 17%, aunque este extremo todavía es un desideratum, tiene un componente discrecional evidente -diferencia a los parados por una fecha del calendario, no por su situación objetiva- y, dada la evolución de los acontecimientos, peca de cierto afán de notoriedad, en lugar de ser realmente efectiva para su objeto: no dejar sin recursos a aquellos que sufren la crisis con mayor crudeza. La rectificación de Zapatero -que ayer respondía a las críticas del PP alegando que este partido hubiera cortado las ayudas al desempleo; esta hipótesis, en todo caso, no hace mejor la solución adoptada por su Gobierno- debe ser por tanto bienvenida, aunque adolezca de la sinceridad necesaria al ser presentada como un gesto en lugar de como lo que es: la subsanación de un grave error. El Gobierno debería mantener una posición más seria en relación a estos temas, toda vez que, al tiempo que generan incertidumbre entre los desempleados -nuestro índice de paro es abrumador- tienen un evidente efecto en las arcas públicas y en el déficit del Estado. Son elementos demasiados serios para improvisar.

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