EN la interesante polémica entre académicos de la Lengua y un sector del feminismo a cuenta del lenguaje no sexista estoy con los primeros. No por la distinción entre género y sexo. No por que es inútil cambiar el lenguaje pensando que así cambiará la sociedad. No por que la discriminación de la mujer no está en la gramática, sino en los sueldos desiguales a igual trabajo, en la promoción laboral agraviante o en la falta de conciliación y reparto de las tareas domésticas. Estoy con los académicos porque no quiero perder lectores, ya ven qué egoísta. No quiero escribir ninguna esquina como la que sigue:

"Una de las exigencias éticas que hay que imponer a los alcaldes y a las alcaldesas, a los concejales y a las concejalas, es que seleccionen a funcionarios y funcionarias, así como a los demás empleados públicos y a las demás empleadas públicas, con criterios estrictos de mérito y capacidad, sin incurrir en clientelismo a favor de sus compañeros y compañeras de partido, nepotismo favorable a sus esposos o esposas, hermanos o hermanas, cuñados o cuñadas, sobrinos o sobrinas, primos o primas, ni enchufismo que beneficie a sus amigos y amigas. Y ello no ya por la obligación legal que afecta a todos los políticos y todas las políticas, sino por el código moral y cívico cuyo cumplimiento se espera de todos los cargos públicos y todas las cargos públicos. Y para que no olviden jamás que se deben a los ciudadanos y a las ciudadanas que los eligieron y las eligieron y que pagan los sueldos que ganan, igual que las empresas prestatarias de servicios son deudoras de las personas usuarias de los mismos, que tienen derechos como consumidores y como consumidoras a que nadie abuse de ellas con prepotencia ni arbitrariedad".

"También es importante, en otro orden de cosas, que las personas que ostentan una autoridad en algún departamento inspiren sus mecanismos de participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la práctica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que en junio de 2009 nombró a las personas integrantes del Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad, en el que estaban integrados, entre otros y otras, la persona titular de la Secretaría General de Salud Pública, la persona titular de la Dirección General de Infancia y Familia, la persona titular de la Dirección del Observatorio de la Infancia (...), la persona representante del Ministerio Fiscal, las dos personas menores de edad designadas por el Consejo Escolar de Andalucía...".

Ni por decreto ley y en presencia de la Guardia Civil estoy dispuesto a escribir una columna en esos términos. Si soy incapaz de leerla yo, ¿cómo me voy a atrever a imponerla a los lectores? Lectores ( y lectoras) que dejarían de serlo automáticamente.