HARÍA mal el Gobierno central si convierte en una guerra contra los otros su estrategia del control del déficit público. El Ministerio de Hacienda ha revelado ahora los datos de déficit de las comunidades autónomas del mes de enero, y el resultado es preocupante. La Junta de Andalucía, por ejemplo, llegó a consumir ese mes la mitad de la cifra que tiene autorizada para 2016, que es un 0,3%, un objetivo francamente exigente que acerca a las autonomías al déficit cero. Hay que decir en primer lugar que sólo un mes, y el primer mes, no es realmente significativo para saber cómo irán las cuentas públicas a lo largo del año. Sí dice mucho del Ministerio de Hacienda, que en estos momentos carece de credibilidad, porque ni ha controlado el gasto ni ha dicho toda la verdad, ni a los españoles ni a la Comisión Europea. España ha sobrepasado el déficit en un punto, y ello se debe al desvío de las autonomías, pero también a los malos cálculos que se hicieron sobre la Seguridad Social y a la adopción de dos rebajas de impuestos que fueron claramente electoralistas. Además, desde el inicio de la crisis, el Gobierno central se ha dotado de instrumentos legales para meter a las autonomías en cintura: no tiene excusas. Ahora bien, las comunidades deben tomarse más en serio el control del gasto. 2015 fue un año electoral, para todos, y el gasto no se acotó, todas las administraciones miraron hacia otro lado. La Junta de Andalucía debe seguir manteniendo el 0,3% como objetivo de este año, no valen las excusas, pero la administración encargada del control es el Gobierno central. No puede escurrir el bulto. Hay que recordar las críticas, injustas, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lanzó contra una supuesta parcialidad de la Comisión Europea cuando indicó un desvío de dos décimas de la cifra de 2015. No fue tal la distancia, sino cinco veces mayor, casi un punto. Una vez que se han conocido las cifras, el próximo Gobierno debería hacer un ajuste de 23.000 millones de euros en un solo año, una cifra casi imposible. El problema además es que este desvío se ha producido en un año de fuerte crecimiento económico, que son los ejercicios que deberían emplearse para realizar los ajustes estructurales del gasto. La interinidad del Ejecutivo de Rajoy y la amenaza de unas nuevas elecciones no pueden servir de excusa para relajar este tipo de políticas de ajustes. Es cierto que otros países europeos, caso de Francia o Italia, se han sumado al grupo de los incumplidores con argumentos de todo tipo -el de París, por ejemplo, es la lucha contra el terrorismo-, pero no lo es más que el equilibrio presupuestario es una buena práctica de cualquier Gobierno.

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