EL ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha planteado a la Unión Europea que llame a consultas a sus embajadores en Honduras para mostrar de este modo su firmeza ante la ruptura del orden constitucional en dicho país, donde los militares dieron un golpe de Estado y detuvieron y expulsaron al presidente electo, Manuel Zelaya, el pasado fin de semana. La llamada a consultas es una fórmula de protesta diplomática más leve que la retirada de los embajadores, pero puede ser útil a los efectos deseados: defender la vuelta a la normalidad democrática de Honduras y hacer ver a quienes han depuesto a Zelaya que no van a encontrar sino rechazo en la comunidad internacional. Urge esta toma de postura activa porque la situación en la nación centroamericana se agrava por días. El presidente Zelaya ha anunciado que volverá mañana a su país, dispuesto a retomar el cargo para el que fue elegido, en tanto que el presidente designado por los golpistas replica que será capturado en cuanto pise tierra hondureña. Zelaya, un antiguo oligarca reconvertido a la izquierda populista, cayó en la tentación de pretender su continuidad en la presidencia de la república cambiando las reglas del juego mediante un referéndum presuntamente consultivo, al que se opusieron el tribunal supremo, el congreso y el propio partido del presidente. Éste fue el origen de la crisis. No obstante, el instrumento promovido por sus opositores para cortar la ambición ilegal de Zelaya, es decir, el golpe militar, no puede ser aceptado a estas alturas del siglo XXI, después de que América Latina lleve ya nueve años sin una sola asonada militar como las que con desdichada frecuencia sufrió en menos de dos siglos de independencia. La unanimidad de las naciones en defensa de la legalidad institucional de Honduras, desde Estados Unidos hasta sus adversarios de estos tiempos (Venezuela, Nicaragua, Bolivia), pasando por todos los países de la Unión Europea es muy significativa del aislamiento de quienes depusieron por la fuerza al presidente de Honduras. Zelaya debe volver a su cargo y la oposición tratar de echarlo por medios legítimos.