UNA de las constantes más peculiares de la historia democrática española en la controversia que se produce cada vez que se acerca una convocatoria electoral sobre la celebración de debates televisados entre los candidatos que concurren. Lejos de constituir una sana costumbre democrática, como en la mayor parte de los países de nuestro entorno, en España la celebración o no del debate da lugar, campaña tras campaña, a una encendida polémica en la que queda claramente retratado cómo los partidos políticos son capaces de anteponer sus intereses particulares a los de la generalidad de los ciudadanos, que tienen derecho a que los candidatos confronten sus posiciones y programas en un foro público. Lo que en la mayoría de las democracias es entendido como una parte sustancial y esencial del sistema electoral, aquí sigue dando lugar a encendidas discusiones. Es, por lo tanto, motivo de satisfacción comprobar que en la campaña para las elecciones generales del 9 de marzo José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy se enfrentarán en dos debates televisados sin exclusión de ningún tema y es el momento de pedir que en Andalucía Manuel Chaves yJavier Arenas hagan lo propio. Sin olvidar, en uno y otro caso, que hay otras opciones políticas minoritarias que también tiene derecho a confrontar sus propuestas ante el electorado. Chaves y Arenas han anunciado ya su disposición a que se produzca ese encuentro, lo que redundará en que los problemas de Andalucía no queden totalmente sepultados en una campaña que va estar polarizada por el duelo nacional entre PSOE y PP al coincidir, desgraciadamente, ambas convocatorias. El debate preelectoral está incluso regulado por ley en algunos países. Sería lógico que en España ello no pudiera quedar al antojo de los intereses de cada formación y que bastara la petición de uno de los candidatos en liza para que el cara a cara se produjese. Sería una forma de no hurtar un elemental derecho a la ciudadanía.