AUNQUE es pronto para saber cuáles van a ser los objetivos políticos a impulsar por parte de los nuevos dirigentes de la UE, o qué directrices va a promover la nueva presidencia española del primer semestre de 2010 -que inaugurará, además, el llamado Sistema de Presidencias en Equipo, del Tratado de Lisboa, que España compartirá durante dieciocho meses con Bélgica y Hungría-, no lo es, en cambio, para comentar críticamente lo que debería ser el principal problema político de la agenda comunitaria.

Es cierto que en las pasadas décadas de hegemonía ideológico-política del neoliberalismo, las políticas públicas comunitarias han tenido un relativo éxito en conseguir la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Pero también resulta cada vez más evidente que eso se ha logrado a costa del aumento de la desigualdad social y el debilitamiento del bienestar de las clases populares en todos los Estados miembros de la UE-15. En dicho período, en efecto, ha habido un enorme crecimiento de las rentas del capital y un estancamiento de las rentas del trabajo, que se ha traducido en considerables pérdidas de la capacidad adquisitiva de las clases populares, que éstas han intentado compensar mediante su endeudamiento generalizado. En España, por ejemplo, los datos de 2005 son reveladores: frente a unos espectaculares aumentos de los beneficios empresariales -de un 58% de promedio de las empresas financieras y un 44% de las no financieras, según el Íbex 35-, el pírrico crecimiento de los salarios fue de un 2,5%, lo que retrotrajo su capacidad adquisitiva al nivel de 1997.

El principal desafío inmediato que debe afrontar esta renovada UE es el de hacer frente a la crisis económica y al desempleo. Pero también a sus dos principales consecuencias sociales: el aumento de la pobreza y de la desigualdad social en toda Europa. La tasa de pobreza de la UE-15 ha aumentado del 15% de 2000, cuando se lanza el nefasto Método Abierto de Coordinación (MAC), que es el principal instrumento de política económica para combatirla, al 17% de 2007. Ese aumento ha sido especialmente fuerte en Alemania, Luxemburgo y los países escandinavos.

Y aunque el desempleo constituye el principal factor de riesgo para caer en la pobreza, las políticas públicas comunitarias de reactivación económica del MAC tampoco han contribuido en absoluto a reducir la proporción de trabajadores infra retribuidos -perceptores de salarios inferiores al 60% de la media salarial comunitaria, mayoritariamente inmigrantes-, que seguía siendo del 8% de la población europea tanto en 1996 como en 2007.

La desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de correlación de Gini, se ha elevado del 29 en 1997 al 30 en 2007, siendo especialmente fuerte ese aumento en aquellos países que, como los escandinavos, a mediados de los noventa presentaban los datos de mayor igualdad social. En la Europa-15 de 2004, el 20% de las personas con mayores ingresos recibía el 40% del total de la renta; mientras que el 20% de las personas con menores ingresos recibía sólo un 7% del total de la renta.

La probada incapacidad de la neoliberal gobernanza blanda (soft-governance) del no coercitivo MAC para reactivar mínimamente el crecimiento económico -por no hablar ya de reducir la pobreza o luchar contra la creciente desigualdad social- debería provocar, habida cuenta de la magnitud del reto de la actual crisis global, cambios significativos en las fórmulas de gobernanza multinivel, mediante las que se han venido implementando hasta ahora las políticas comunitarias. Pero mucho me temo que no sea así, porque estamos hablando del núcleo duro de unas neoliberales políticas comunitarias, diseñadas en su momento por quienes de verdad mandan en Europa: esa parte del gran capital que son los grandes empresarios de la European Round Table of Industrialist (ERT), que fueron los que se inventaron el MAC para lograr sus objetivos particulares de política económica: la estabilidad del euro y la lucha contra la inflación, a costa del "inevitable" aumento de la desigualdad social.

En un reciente monográfico sobre el tema de la prestigiosa revista electrónica European Integration on line Papers (EIoP, vol. 13, 2009), denuncia Sandra Kröger, su editora, que la evidencia empírica acumulada hasta ahora muestra que no cabe atribuir al MAC finalidad redistribuidora alguna, ni intenciones de sostener al debilitado modelo tradicional de capitalismo regulado europeo, el llamado modelo social europeo, sino que de hecho todas sus políticas son reguladas por el mercado en vez de por el Estado, y que los conflictos sociales generados por la creciente desigualdad social que su propia aplicación provoca se sustraen sistemáticamente del debate político democrático, para confinarlos en ineficientes fórmulas tecnocráticas de resolución, ocultándolos de este modo a la deliberación pública.