Crónica personal

Pilar Cernuda

La carta

SEGURO que el Tribunal Constitucional tiene razón cuando apunta un defecto de forma en el caso Urbanor para librar de prisión a los Albertos, pero los tribunales deben regirse también por el sentido común, y no es aceptable que se confirme que los primos Cortina y Alcocer han cometido un delito de estafa y se vayan de rositas, no sólo sin visitar la cárcel sino también sin devolver ni un solo euro del dinero estafado.

Digan lo que digan los magistrados del TC, su decisión no se tiene en pie. Aparte de que habría que revisar esa tendencia del TC de actuar como un tribunal de casación, enmendando la plana al Supremo y creando sucesivos problemas de competencias. El alto tribunal está obligado a decidir sobre la constitucionalidad de determinadas leyes y garantizar que se respetan los derechos constitucionales de los ciudadanos, pero entrar en cuestiones procedimentales causa perplejidad, incomodidad y malestar.

Probablemente Conde Pumpido se equivocó con sus declaraciones contrarias a la decisión del TC en el caso Urbanor, pecó de imprudencia, pero el Fiscal General ha dicho lo que muchos españoles piensan: no se comprende que unos estafadores no se vean obligados al menos a devolver los muchos millones con los que engrosaron de forma ilegal su muy abultada cuenta corriente, en una operación en la que hubo desde falsificación de la tasación del precio del suelo hasta la falsificación de una carta que reabrió el caso cuando convenía a los defensores.

El Constitucional, a través de su presidenta, ha enviado una carta al presidente del Gobierno expresando su malestar por las declaraciones de Conde Pumpido. Error descomunal, porque ese hecho demuestra que María Emilia Casas da escaso crédito a la supuesta independencia de la Fiscalía General. Es verdad que el Fiscal General es nombrado por el Gobierno, pero en sus decisiones profesionales se rige por la independencia. Casas, con la carta a Moncloa, da a entender que ella considera que el presidente de Gobierno tiene atribuciones para influir en las declaraciones o decisiones del Fiscal General. Inevitablemente, ante esa carta, se recuerda la escena que protagonizaron Casas y María Teresa Fernández de la Vega en una tribuna en la que seguían el desfile de las Fuerzas Armadas, cuando la vicepresidenta aparentemente echó un chorreo importante a la presidenta del TC, en una fecha en la que tenían que tomarse importantes decisiones sobre reprobaciones a varios miembros del tribunal que afectaban al equilibrio de tendencias políticas internas.

Zapatero, cuando se le preguntó por la carta de Casas, se limitó a decir que "tomaba nota". Después le envió una carta personal a reiterándole su respeto total a las decisiones del TC. Es decir, no se ha mojado mucho. Pero no podía mojarse.

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