Preguntarse qué hubiera pasado si en lugar de haber ocurrido algo hubiera sucedido otra cosa diferente ha sido un recurso empleado en ocasiones; unas veces, para analizar el presente, contrastando lo que se convirtió en realidad con lo que se supone pudo haber sido y, otras, para crear una obra artística -en este sentido, se han hecho novelas y películas muy diversas-. Ante las circunstancias actuales no viene mal echar mano de esa táctica especulativa. ¿Qué hubiera pasado si en vez del PP quien gana las elecciones generales es el PSOE? ¿Se habría aventurado en una nueva reforma laboral como la presentada por los populares? ¿Dejaría la que estaba o la modificaría? ¿Y cómo? ¿Estarían de acuerdo los sindicatos o saldrían a la calle, como lo vienen realizando, además de acariciar la idea de una convocatoria de una huelga general?

Como las anteriores, podrían añadirse más interrogantes que darían juego a toda clase de posibles alternativas más o menos fundadas, pero la última invita tentadoramente a plantear una pregunta más: con un PSOE en el Gobierno central y una razonable seguridad de su victoria en las próximas elecciones andaluzas, los sindicatos ¿mantendrían las mismas posturas que vienen adoptando, incluso con la promulgación de un real decreto-ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral tal como ha presentado el PP? Esta formulación tiene su base en algunos de los hechos o argumentos que siguen. Cuando se superó la dictadura franquista, se sabía muy claramente que algunos sindicatos eran correa de transmisión de determinados partidos políticos, de tal forma que en los estatutos de éstos existían artículos concretos que obligaban a la afiliación en la central correspondiente o se hacían sugerencias incuestionables. Así, los del PSOE en la UGT y los del PCE en CCOO. Lo de la obligatoriedad cambió, pero el trasiego de líderes permanece y eso es más que un riesgo para creer en la independencia de los sindicatos con respecto a los partidos políticos. Hay currículums personales que resultan más que sospechosos. Uno podría ser, por ejemplo, de secretario sindical a delegado provincial, después a alcalde y, a continuación, a lo que vaya saliendo. Lo mismo que a la clase política se le restringe ciertas actividades y se le somete a incompatibilidades durante unos años, después de la retirada de ciertos cargos, sería deseable algo similar para la clase sindical, entre las que convendría incluir, durante un periodo, la no presentación en listas electorales o la no asunción de ciertas responsabilidades públicas. Una medida de esta clase ayudaría a que ganara parte de la credibilidad perdida, en unos momentos en los que unos sindicatos que inspiren confianza son absolutamente necesarios.