Cuando en diciembre de 2005 se publicó la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco más de uno opinó que era una normativa que se quedaba corta y que, al final, no iba a satisfacer ni a los de un lado ni a los del otro en relación con el tema. En cierto modo, la misma era la consecuencia de una forma típica de hacer gobierno del actual Ejecutivo central. El resultado -si se exceptúa lo de los espacios que tuvieron que acondicionar los bares y restaurantes superiores a unas determinadas dimensiones para su destino a fumadores- fue que no añadió prácticamente nada a la situación previa a su promulgación, pues lo relativo a los ambientes laborales ya se cumplía. Por lo demás, el humo sigue inundando el casi cien por cien de tales negocios, con unos trabajadores que fueron excluidos del beneficio de aire limpio.

Desde entonces, en Andalucía y España se han intensificado las voces que proclaman la necesidad de una prohibición total del fumar en los lugares públicos, solicitando apoyos a través de los más diversos medios. Pero esto no es exclusivo de aquí sino que tiene paralelismos a lo largo de toda la Unión Europea. Sirve como ejemplo lo ocurrido en Baviera, al sur de Alemania, donde se ha recogido, nada menos, que 1,3 millones de firmas para pedir un referéndum a favor de una ley mucho más estricta en materia del tabaco, para que, entre otras cosas, no se permita fumar en todos los bares, discotecas y gasolineras, por muy grandes que sean. No cabe duda de que iniciativas de esta clase son interesantes. En principio, van dirigidas a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades. No obstante, con ser bienvenidas, suelen presentar un déficit de cierto calado político, por cuanto se atiende poco o nada a un debate social sobre tres aspectos de carácter general, que después habría que aplicarlos al tabaco. Me refiero a la salud como derecho, como deber y, especialmente, hasta qué punto el Estado ha de ejercer el rol de protector con sus ciudadanos, para evitar que traspase los límites de las libertades individuales a las que se tiene derecho. Es probable que a posteriori de esto se llegara a un acuerdo amplio acerca de cómo habría que hacer esa ley que se demanda. Sin embargo, a pesar de esa bondad expresada es difícil que tal debate se abra a la sociedad porque hay miedos, muchos de ellos ocultos, los cuales son perfectamente entendibles; pues, a continuación, habría que hablar de otras sustancias y de otros comportamientos humanos y no sería fácil dar satisfacción a una exigencia de coherencia en todas las circunstancias, sobre todo, por parte de quienes tengan o tuvieran responsabilidades directas. Piénsenlo, a ver si no es verdad lo dicho.