EN los últimos meses, el ataque a los funcionarios se ha convertido en un deporte nacional que podríamos denominar "tiro al funcionario". Los disparos se iniciaron con ocasión del aumento salarial que se contenía en los Presupuestos Generales del Estado para 2009, pero después he oído revelaciones como la de un tertuliano radiofónico que declaró sin sonrojarse que los funcionarios no trabajan de verdad. Se denuncia una y otra vez que tenemos en España un número excesivo de empleados públicos y es frecuente escuchar que una de las medidas que deberían adoptarse para combatir la enorme crisis que padecemos es la reducción de esa cifra tan elevada. Al parecer, los funcionarios son las manos muertas del siglo XXI y la única salida que se ofrece es reducirlas drásticamente.

Hace unos días leí en el segundo diario de mayor tirada nacional que un lector, después de manifestar que se le ocurría lo que al 90 % de los ciudadanos, como primera medida, proponía "en un plazo de tres años, rebajar al menos un millón el número de funcionarios". El lector estaba practicando el tiro al funcionario, ejercicio que, como es sabido, sale completamente gratis y no produce escozor. No hace falta ser Sherlock Holmes para inferir que el proponente no es funcionario, y que tampoco lo son los miembros de su familiar nuclear.

Si se aceptara tan genial propuesta, conseguiríamos incrementar la lista del paro con otro millón de personas, con el consiguiente aumento del pago del subsidio por desempleo. Por otra parte, se olvida que, en época de crisis como la que vivimos es cuando más se necesita que haya un sector de la población que tire del vagón del consumo, que mantenga en marcha el tren, aunque sea a un ritmo lento. Ese papel lo cumplen los funcionarios: son los que menos han sentido los efectos de la crisis y han mantenido su nivel de consumo; son los que reciben todos los meses ofertas de préstamos por parte de las entidades de crédito con las que mantienen relaciones; y todos sabemos que el préstamo es un bien escaso en estos tiempos. Si reducimos significativamente esa capa de población, habremos logrado el objetivo… de hundir definitivamente la economía de este país.

Los mismos que quieren prescindir del cuarenta por ciento de los funcionarios se quejan al mismo tiempo de que sólo haya una persona para atender determinados servicios públicos, como sucede con las colas del paro. Si sobran empleados públicos en algún lugar, será mejor recolocarlos que despedirlos. Es lo que ha hecho la Orden del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de 30 de marzo de 2009, que publica el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público.

Es verdad que algunos funcionarios no trabajan demasiado, pero ese defecto también podemos apreciarlo cuando acudimos a un comercio y observamos que el empleado que atiende al público está charlando con su pareja a través del teléfono móvil, dando la espalda a los clientes, que tienen que esperar pacientemente a que Romeo decida dar por terminada la conversación.

El funcionario consiguió la anhelada estabilidad en el empleo después de haber realizado el gran esfuerzo de prepararse unas oposiciones, de competir con muchas otras personas por el puesto y demostrar méritos superiores en esa lid. Al alcanzar ese objetivo de seguridad, el funcionario habrá evitado caer en la ruina o en el paro, pero también estará descartando hacerse rico. En la época de bonanza, los funcionarios no han dado ningún pelotazo ni sus exiguos ahorros les permitían entrar en el peligroso juego de la especulación que tanto se ha practicado.

No es momento oportuno para aludir a todos los supuestos en que los funcionarios reciben prestaciones muy inferiores a las que disfrutan los empleados del sector privado. El funcionario tiene un pecado imperdonable en esta época de vacas flacas: tener estabilidad en el empleo en tiempos de crisis se envidia más que tener un buen cuerpo en los primeros días de playa.

En agosto de 2008 se publicó que el número de funcionarios existente en España era de 2.582.846. Lo que no se conoce es el número de personas que alguna vez en su vida han intentado acceder a la función pública y no lo han conseguido, los que quisieron y no pudieron. En todo caso, no creo que esa cifra alcance el 90 % de los ciudadanos a los que aludía el lector que citábamos al principio y que proponen la drástica reducción del número de funcionarios.

Cuánta razón tenía José María Pemán al escribir: "Cuando se dice austeridad, se pretende suprimir el coche oficial del vecino".