La iniciativa legislativa popular promovida por los sindicatos para garantizar una renta mínima a las familias sin recursos lleva ya su camino para ser propuesta como ley. En caso de salir adelante se verían beneficiados más de 2 millones de hogares, en total unos 6 millones y pico de personas, con un ingreso de 426 euros mensuales mientras dure la situación de necesidad. Parecen números irreales en la España de la recuperación económica, pero no hay trampa ni cartón, porque los informes sobre la pobreza son aún más escalofriantes en cuanto a cifras.

El hecho de que más de 700.000 personas hayan avalado la iniciativa y que haya recibido el apoyo de la mayoría del Congreso significa que hay un amplio consenso sobre su implantación. De hecho, esta herramienta de protección social ya existe en algunas comunidades autónomas con otros nombres e incluso mayor cobertura. Pero la admisión a trámite de la ILP reabre también el debate sobre las rentas de ciudadanía y su principal objetivo, que todos tengan lo suficiente para vivir con dignidad.

Los partidos de derechas han atacado la propuesta de esta renta mínima, como era de esperar. El argumento de Ciudadanos y el PP sobre su coste "inasumible" retrata bien las prioridades del Gobierno, que sí asume con bastante tranquilidad, por ejemplo, el déficit de las empresas que construyeron autopistas por las que no pasa gente. Pero la contestación viene también por parte de movimientos sociales que piensan que con un ingreso tan miserable no se piensa acabar con la pobreza, sino alargarla. La Red por la Renta Básica universal lleva décadas defendiendo un ingreso no condicionado como derecho ciudadano, que ha demostrado, en experiencias piloto, ser más eficaz en cuanto a la activación laboral y la justicia social.

Las rentas mínimas se integran fácilmente en el sistema económico; las rentas básicas suponen cambios profundos en la manera de comprender y gestionar la sociedad, y hasta los partidos de izquierda titubean ante la propuesta. Pero no caigamos en un debate estéril: a la pobreza hay que atacarla por todos lados, y si la renta mínima garantizada se implanta y consigue paliar la situación agónica de millones de familias empobrecidas, será un avance significativo hacia un modelo más inspirado en derechos universales, que deberá construirse progresivamente. En el horizonte siguen estando ideas originales y transformadoras, que de verdad contribuyan a una economía generadora de justicia y bienestar.