No parece que éste sea el momento de abordar la reforma de la Constitución. Una reforma por la que tantos claman aunque no concreten muy claramente los términos a reformar, si bien algunos quieren entrar a saco en nuestra Carta Magna. Por lo pronto la comisión para la evaluación y modernización del modelo autonómico, constituida en el Congreso de los Diputados, no ha empezado con buen pie sin la participación de Unidos Podemos, los partidos nacionalistas catalanes y PNV, escépticos, como se ha dicho, con la idea de que pueda servir para desbloquear la crisis catalana. Si la comisión pretende activarse, como ha afirmado su presidente, "sin peajes indebidos a nadie", no han faltado posiciones encontradas y divergentes. Mientras el PP no quiere "modificar la ley suprema sino, simplemente modernizar y evaluar el Estado autonómico", Susana Díaz pide sitio para Andalucía en el desarrollo de la reforma calificando de disparate la nación de naciones. Todo lo contrario que Pablo Iglesias en su histeria nacionalista, hablando de cuatro nacionalidades: la española, la vasca, la catalana y la gallega.

Quienes quieren acabar con el sistema del 78 y que los resultados de la elecciones catalanas puedan influir en la sensibilidad de los cambios, intentan introducir en la Constitución todo cuanto ésta invalidado en ella. Porque no se trata de invadir nuestra Carta Magna como pretenden algunos sin revisar antes la gestión de las competencias y valorar como se han administrado. Por supuesto no permitir maniobras como las que han generado la actual crisis desatada por los independentistas catalanes y su aberrante "derecho a decidir", que rompen las reglas de igualdad -actualmente inexistente- entre todas las autonomías y que no debe someterse a las ilegítimas imposiciones de quienes proyectan la ruptura del Estado. A esa necesaria revisión de las competencias, debieran añadirse la Ley Electoral, la auténtica separación de poderes y la designación de los miembros de los tribunales, la excesiva representación de los nacionalistas, los cupos, la supresión de los aforamientos, el senado y las diputaciones provinciales.

Una Constitución en suma que garantice la unidad de España, no sólo por salvaguardar un esencial principio del orden constitucional y la integridad del país sino porque estaría en riesgo la unión de Europa. Esa Europa que algunos denuestan y califican de Europa de los mercaderes. Los mismos que se benefician de sus ayudas, de sus prebendas políticas y económicas o que recurren a ella para reclamar derechos que no le corresponden. "¡Nos roban nuestra soberanía!", exclaman. Como si esa soberanía no estuviera legítimamente incardinada en la Nación o el Estado al que pretenden quebrantar. La puntilla: Barcelona se quedó sin la EMA.

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