Reforma perentoria del modelo judicial

CON claridad meridiana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por boca de su presidente, Augusto Méndez de Lugo, ha asumido al presentar su memoria anual que el modelo judicial vigente está "agotado" y "seriamente deteriorado". El Poder Judicial es, seguramente, de los tres que emanan de la Constitución, el que vive una mayor crisis de credibilidad y el que más necesitado está de una reforma de profundo calado desde que España, hace más de tres decenios ya, convive en democracia. La vertiginosa transformación de nuestra sociedad no ha ido acompañada de una modernización de la Justicia adecuada, lo que ha dado lugar a no pocos problemas, casos extremos -el más relevante de los últimos años, el de la niña Mari Luz- y a una situación de atasco insostenible. Es positivo que el propio Poder Judicial asuma con la contundencia de que ha hecho gala en su memoria el TSJA que es perentorio "cambiar" ese modelo colapsado. La Justicia es fundamental para asegurar el funcionamiento del imperio de la ley, que la propia Constitución considera desde su preámbulo vital para la consolidación del Estado de Derecho. La reforma judicial es, desde nuestra perspectiva, perentoria, inaplazable. Y coincidimos con el TSJA en que es "necesario y fundamental" que los agentes sociales y políticos, encabezados por los dos partidos que representan más del 80% del electorado tanto en España como en Andalucía, sellen un gran pacto de Estado para lograr el éxito en la reforma. El Alto Tribunal andaluz avanza algunas propuestas que cree necesarias en la revisión del modelo. Entre ellas destaca la provisión de funcionarios y la redimensión de la planta judicial, matizando en ambos casos que no se trata de crecer por crecer, sino de dar una respuesta adecuada a las necesidades. Creemos también que es básica una apuesta por el uso de las nuevas tecnologías que simplifique y acelere los trámites judiciales y que erradique esa paupérrima imagen de los juzgados atestados de expedientes. Se nos antoja excesiva la apelación a que disminuya la presentación de pleitos porque la Justicia es un "servicio caro". En una sociedad compleja como la actual es lógico que se litigue y los poderes públicos deben garantizar los medios necesarios para resolver en tiempo y forma los litigios.

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