LA fuerte destrucción de empleo derivada de la crisis económica ha producido una confusa discusión acerca de la oportunidad o no de abordar una reforma laboral, con una enorme dificultad de argumentar en torno a lo que puede ser más útil para mejorar el mercado de trabajo. El desarrollo de la concertación social se ha tensado, lo que ha repercutido muy negativamente en las posibilidades de analizar con la debida profundidad y frialdad el tipo de modificaciones requeridas. Para unos se ha producido una especie de pánico escénico, de modo que todo aquello que huela a propuesta de cambio legal se ha identificado automáticamente con incremento de la precariedad laboral y debilitamiento sindical. Con una especie de enrocamiento se ha venido a defender que la mejor reforma laboral es la que no existe.

Para otros se ha pensado que era la ocasión para formular reclamaciones tradicionales de ventaja puramente particular, pero sin beneficio para el conjunto del sistema, con propuestas más interesadas que interesantes. Desde este otro frente, todo el sistema laboral imperante tiene para ellos un tufillo franquista y como tal requiere de un abandono en toda regla de lo existente. En toda esta ceremonia de la confusión tampoco han ayudado a clarificar las cosas ciertas propuestas de un grupo de economistas sin tener en cuenta los condicionantes jurídicos propios de un Estado democrático de derecho.

El resultado ha sido, primero, la imposibilidad de firmar un Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, y después, la ausencia de consenso en torno a las propuestas gubernamentales, que ha desembocado en un intenso bloqueo de la concertación social y una incapacidad del Gobierno de formular propuestas con un mínimo de acogida favorable por parte de los interlocutores sociales.

Todo este círculo vicioso sólo se puede superar rompiendo la elevada desconfianza que se ha establecido entre los protagonistas sociales y políticos. De un lado, es imprescindible abandonar propuestas que se sabe de antemano que son inasumibles por el resto, mientras que de otro lado de nada sirve encerrarse en el argumento de que la causa de la crisis no se debe al modelo laboral que tenemos. A todo ello debería unirse una mayor decisión gubernamental, asumiendo su responsabilidad de liderazgo político, formulando propuestas en diversos frentes, aunque se deba hacer con la necesaria discreción para facilitar el acuerdo.

En los últimos tiempos se aprecian pequeños síntomas, que si se aprovechan con habilidad pueden abrir un escenario diferente. A mediados de noviembre se alcanzó un compromiso entre los sindicatos y las organizaciones empresariales de desbloqueo de la negociación colectiva; el propio presidente del Gobierno ha anunciado el martes en el Congreso su voluntad de abordar alguna reforma, aunque todavía con prudencia, indefinición y cierta coyunturalidad; los sindicatos empiezan a aceptar que algunas reformas podrían abordarse; y no es descartable que pueda producirse algún guiño complementario desde las posiciones empresariales.

Se podría avanzar bastante si se lograra fijar en común el diagnóstico de cuáles son los factores más negativos del funcionamiento actual del mercado de trabajo. Por ejemplo, reconocer que las altas tasas de temporalidad y rotación laboral producen un efecto de reparto injusto de las cargas y ventajas de quienes tienen trabajo; que ante situaciones de crisis siempre se acude a la solución más fácil de destruir empleo antes que acometer medidas de reestructuración apurando todos los mecanismos posibles de flexibilidad interna en las empresas; que nuestro sistema de despido funciona mal sin que la clave de ello se encuentre en su coste; que nuestro sistema de colocación es manifiestamente mejorable, siendo compatible la mejora de los servicios públicos con un mayor protagonismo de las agencias y empresas privadas; que los cuantiosos fondos públicos de fomento del empleo en muchas ocasiones no tienen influencia sobre la decisión empresarial de contratar; que tenemos un elevado fracaso escolar con una población escasamente cualificada para atender los requerimientos de un nuevo patrón de crecimiento basado en el desarrollo tecnológico y la productividad; que la negociación colectiva no logra establecer un mecanismo que vincule los salarios a la productividad y a la evolución económica de la empresa.

Si se lograse un cierto entendimiento en todo lo anterior, probablemente sería más fácil identificar el tipo de medidas a llevar a cabo y se podrían sugerir fórmulas de reforma que ofrecieran un resultado que fuera equilibrado para los intereses de unos y de otros.