Ninguna Constitución debe ser modificada continuamente; hay que salvaguardarlas de los caprichos de unos y de otros, lo mismo que las leyes que sean de importancia capital, como las de educación o de sanidad. En todos estos casos, aunque sobre todo en lo que se refiere a las cartas magnas, conviene alcanzar el máximo consenso entre todas las fuerzas políticas si se considera que han de representar un bien superior a los concretos de cada una de ellas, consiguiendo textos que sean lo más perdurables posibles, satisfaciendo ampliamente los criterios democráticos y asegurando derechos y libertades. Ahora bien, lo anterior no ha de servir de argumento que impida su revisión y actualización alguna que otra vez. La realidad no es estática y no se puede ser ajeno a sus cambios. Pero para conseguir esto se necesitan ineludiblemente varias cosas; entre otras, tiempo, sosiego, generosidad, solidaridad y sentido de justicia. Veamos el por qué de estos requerimientos. El Gobierno va a recibir el apoyo del PSOE si, ante la situación en Cataluña, se aplica el artículo 155 de la Constitución Española (CE) a cambio de su compromiso de la reforma de la misma. Como es comprensible, por lo manifestado anteriormente, no hay ningún problema. Pero a continuación resulta procedente preguntarse qué o qué partes de la misma serán preferentemente objeto de discusión y de una nueva redacción. Pues bien, con muy poca o nula opción de equivocarse, será el Título VIII, el que habla De la organización territorial del Estado. ¿Y qué temores pueden surgir al respecto? Sin duda que algunos y que no son insignificantes. Cuando en su día se aprobó la CE, más de uno no estábamos muy conformes con el susodicho título, conjuntamente con algunas de las disposiciones adicionales y transitorias, porque propiciaban -como se ha demostrado- desequilibrios y discriminaciones. Sin tapujos, se beneficiaba a territorios como Cataluña, Navarra y País Vasco. ¿Y qué puede pasar ahora? Pues más o menos lo mismo, porque cabe la posibilidad de que se quiera ir con urgencia en la realización de la reforma, con la pretensión de intentar contentar en alguna medida -al menos, momentáneamente- al mayor número de partidarios del independentismo catalán, para que estén calladitos, y eso podría ser a costa de otras comunidades. De verdad, si no se dan las circunstancias citadas de tiempo, sosiego y demás, preocupémonos; tal vez fuera mejor quedarnos como estamos porque podríamos ir a peor. Andalucía debe estar alerta.