EMPADRONAMIENTOS ficticios, demandas falsas de separación para aparentar familias monoparentales e, incluso, contratos de trabajo fraudulentos en las cercanías de los colegios preferidos. Con el paso de los años, la picaresca para lograr que los hijos logren matricularse en los colegios preferidos ha ido en aumento, hasta tal punto que muchos padres cumplidores de la legislación que se sienten perjudicados se encargan de investigar y denunciar por cuenta propia los casos fraudulentos. La Consejería de Educación aplica una baremación muy concreta para aquellos centros educativos públicos y concertados donde el número de solicitudes supera a las plazas concedidas al colegio. La baremación prima a quien tenga más hermanos en el centro, la cercanía del domicilio familiar, el nivel de renta de los padres y a las familias monoparentales. Marzo fue el mes de entrega de solicitudes para los alumnos que se matriculen por primera vez, y desde el 12 al 23 de abril se ha abierto un plazo de alegaciones. El 29 de abril se publicarán las primeras listas de admitidos, y el 7 de mayo se abre un plazo de un mes para recursos y reclamaciones. Corresponde a la Consejería aumentar los controles para detectar este tipo de fraudes; en este sentido, ya hay ayuntamientos andaluces que están colaborando con la prestación de agentes de la Policía Local que se encargan de desmontar casos escandalosos como el empadronamiento de siete u ocho niños en un domicilio que, realmente, es un trastero y poco más. Muy bien situado, eso sí. Pero la Consejería de Educación debe considerar por qué los padres prefieren a unos colegios públicos o concertados sobre otros, porque es indudable que hay centros de mayor calidad y mejor dotados, y no siempre ello depende de la presencia o no de alumnos conflictivos. Educación debe primar a estos centros -con la concesión de un mayor número de plazas, por ejemplo- e imitar funcionamientos para proyectarlos en el resto con una mejora de la calidad en la educación.