En esta diversificada actualidad pivotando, sobre todo, entre los atentados terroristas, el independentismo catalán y la comparecencia de Rajoy en el Congreso para tratar el caso Gürtel, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha tenido la habilidad de introducir algo que presumiblemente dará que hablar: la limitación de mandatos. Sería deseable que así fuera porque tiene su importancia en el desarrollo de una democracia. Es necesario abordar este asunto. Pensar que con el mero hecho de convocarse elecciones periódicamente se satisface el mantenimiento y calidad democrática de cualquier gobierno significa colocarse en una apreciable situación de riesgo. Al respecto, basta poner de manifiesto que regímenes autoritarios o dictatoriales también lo hacen y no por eso hay que avalar sus comicios como democráticos. Además de los previsibles manejos en los votos, se producen manipulación de la información, acallamiento de la oposición, coacciones y otras estratagemas. En el aspecto del que se está hablando, es muy elemental percatarse de que las elecciones son necesarias pero no suficientes.

Pues bien, un largo tiempo de permanencia en los cargos conlleva diversos peligros; unas veces, afectando de manera directa a quienes los ocupan; otras, a todo lo que está a su alrededor, sean personas o estructuras; y, por supuesto, a ambos a la vez. Por ejemplo, en cuanto a los primeros, algunos al verse consolidados en el poder, tienden a fomentar redes clientelares y pueden caer con más facilidad en la vanidad o en una creencia de invulnerabilidad, y de ahí pasar a la parcialidad, despotismo o, incluso, corrupción. Eso no es óbice para admitir que existen personas -que las hay- que se salvan de lo dicho y que ejercen -dicho de manera clásica- de forma virtuosa; pero igualmente es preciso reconocer que la renovación da más posibilidades a la generación de ideas alternativas y a impulsos para la acción. Y, en cuanto a lo segundo, concurre un fenómeno totalmente cierto y es que los egoístas o malignamente ambiciosos, así como los corruptos, se acercan allí donde hay poder o huelen dinero, sin importarles el bien común ni nada parecido -yendo, sencillamente, a lo suyo-, y, si hace falta, fingen lo que haya que fingir para conseguir sus objetivos. Esto, con frecuencia, es difícil de controlar. Bienvenida, pues, la propuesta de Rivera, que debe aplicarse no únicamente a presidentes autonómicos o centrales sino, asimismo, a los de las diputaciones y a los alcaldes. Que así sea.