Ciudadanos ha tenido la osadía de salirse de la línea política dominante en materia de financiación. Si no se pliegan, toparán con el Poder. El que ejerce el PSOE en Andalucía, encarnado por Susana Díaz con un liderazgo doblemente solitario. Primero, porque no lo comparte con nadie de su partido o su Gobierno. Y después, porque nada le hace sombra en el mundo oficial, ni en la sociedad civil. Omnipresente en los medios, con sesiones de fotos diarias, el fenómeno es creciente, por méritos propios y defectos ajenos. Le ayuda que su partido sea la maquinaria más profesional de España. Los demás no tienen esa experiencia ni los medios de la potente administración autonómica, lo que limita la competición.

Encima los socialistas han fagocitado a los socios regionales que necesitaron en el camino. Su astucia hizo parecer blanditos a los andalucistas. Pero después los comunistas resultaron igual de bizcochables, con toda su leyenda de recios. No queda ahí la cosa. Consiguieron vender a la opinión pública que Javier Arenas era lo peor de la derecha andaluza, cuando ha sido el mejor líder del PP. Y en los inicios de la autonomía, adelantándose a las prácticas del soberanismo catalán, le pusieron la etiqueta de traidor a Rojas Marcos por su acuerdo con Martín Villa para desbloquear el resultado del referéndum de 28 de febrero por el artículo 144 de la Constitución. Aunque para la salida jurídica se utilizara el "interés nacional" del 144… En definitiva, el PSOE andaluz ha marcado el paso a los demás y manejado la escena y la opinión pública con maestría.

Ahora estamos en un estadio superior. Con esta presidenta-jefa-del-partido se ha producido una pujolización. Susana Díaz se envuelve en la bandera verde y blanca y cualquier crítica a su gestión es un ataque a Andalucía. Si alguien se sale de su guión es un mal andaluz, que pinta una Andalucía negra. El último en sentir el frío que produce la disidencia es Ciudadanos, por quedarse fuera del consenso sobre financiación autonómica. No importa que C's reclame, además de ordinalidad, que las haciendas forales deben contribuir a la suficiencia de recursos para los servicios del resto de autonomías. Corren el riesgo de ser tildados de malos andaluces, trance que el PP ha querido evitar con una adhesión poco convincente.

La presidenta brinda otros perfiles. Por ejemplo, intenta agitar a la sociedad civil: ha pedido a los rectores de las universidades grupos de trabajo que elaboren documentos sobre financiación autonómica, modelo territorial y modelo productivo. La intelectualidad parece necesitar que la ponga en marcha la Administración, como en la Segunda Modernización. La ponencia de financiación, coordinada por la UPO, en algunos aspectos va más allá que el dictamen aprobado en el Parlamento.

Ahora faltan otros consensos: si se pide ayuda para los ingresos, también convendría acordar los gastos. Ese no debería ser un dominio reservado de la guionista de la política andaluza.

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