Pocas cuestiones generan mayor frustración social que el comprobar como una aspiración de mejora y corrección de errores en los servicios públicos, tras demostración palpable de los mismos, no se ejecutan, se diluyen o se camuflan para no avanzar y quedarse en el sostenella y no enmendalla.

Más o menos esto sucede con esta Ley que, a mi juicio, salvo que la oposición lo impida y puede hacerlo, nace ya invalidada, pues su generación se hizo sobre la base de un modelo de organización sanitaria centrado en las fusiones y ya rechazado popularmente y por los colectivos profesionales, salvo los inevitables clientes vs. cargos libre designación. Y no voy a reiterar argumentos ya expuestos por colectivos sanitarios, pero sí expondré mi visión de la cuestión fundamentada en la información que tengo.

Lo primero, el procedimiento. Consultas a muchas entidades, como argumento de participación, sin decir que las aportaciones aceptadas son ínfimas o meramente testimoniales.

Siguen con una redacción de escasa concreción, programática, con terminología poco adecuada, reiterativa, con prevalencia de lo grandilocuente sobre lo relevante y una clara inflación normativa… este párrafo está sustentado en el análisis del propio Consejo Consultivo andaluz y no entro en un voto particular dentro del mismo con claras alusiones frente al copago, subasta medicamentos…

Insisto, no entraré en la problemática, no resuelta, casi veinte años después de las UGC por citar un elemento fundamental. Sin embargo, sí lo haré sobre algo básico y, ciertamente, preocupante por formar parte de una estrategia: precariedad laboral, imposición de protocolos con elemento de control de la prescripción y generación, por tanto, de choques de competencias entre sectores profesionales, desmotivación y, finalmente, rendición.

Podríamos seguir con la formación, investigación, tecnologías, proveedores… aumento de presión administrativa y burocrática, lo que dificulta el ejercicio del "rigor clínico" y muy grave, productividad según gasto y no por valor en salud. Ni una letra sobre Enfermedades Raras con el impacto socio-laboral y presupuestario que tienen. Por fin, una Ley sin Memoria Económica, sin consideración presupuestaria finalista ni porcentaje del PIB dedicado. Lamentable. Mi conclusión: "el modelo de gestión al que se nos lleva es incompatible con el Juramento Hipocrático, fundamento ético de las profesiones sanitarias".

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