Su nombre era Adama y tenía 30 años. Vivía en una chabola en las afueras de Moguer, su hogar desde hace cinco años, cuando consiguió el sueño de establecerse en la península. Su vida transcurría con toda normalidad, considerando normal el modus vivendi de cualquier hombre de color, extranjero y esperando trabajo en el campo para mandar dinero a su familia. Paseaba por las calles cada vez que acudía al Centro de Duchas que tiene Cáritas en Moguer en colaboración con su Ayuntamiento. Por las noches miraba las estrellas brillando entre las ramas de los árboles que rodeaban su "casa", sentado en la entrada de su chabola, construida entre sus compañeros subsaharianos con cajas de cartón como paredes y plásticos como moqueta y que ahora luce mejoras gracias a los tramos de cemento. Se secaba los pies, siempre húmedos en ese suelo permanentemente encharcado, junto al fuego. Adama murió la semana pasada de una muerte tan natural, como lo fue el destino que le espera a quienes dedican su vida a la búsqueda de una mejor.

Vivía en un asentamiento, ese fenómeno que ha sustituido al movimiento de los temporeros, en el inicio del desarrollo de las campañas agrícolas. Al principio era una instalación provisional que daba cobijo durante las semanas que había trabajo y que, una década después, ha acabado formando parte de una fantasmagórica urbanización de construcciones hechas con materiales de desecho, que alojan a miles de personas cuya principal característica es que carecen de casi todos los derechos que la ONU en su día declaró como "Humanos". Son más de 30 los asentamientos repartidos por las afueras de Moguer, Palos, Lucena, Lepe o Mazagón. Sin embargo, fuera de esos municipios, sólo se conoce su existencia por los incendios que periódica, e inevitablemente, se producen en ellos.

Es fácil de entender la complejidad de la situación. Son demasiadas las variables. Inabarcables para Cáritas, a pesar de sus esfuerzos, o para la Asociación Pro Derechos Humanos o para Fecons. Tampoco disponen de suficientes recursos los ayuntamientos. Se comprende pero deben tomarse medidas que den cumplimiento al compromiso firmado para los derechos de los migrantes en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. No es suficiente con hablar y hablar y dar titulares (el obispo, la subdelegada del Gobierno, alcaldes y políticos, las ONG…). Sin olvidar desviar la mirada hacia otro lado porque estamos en Carnavales y porque pronto empezarán las romerías.