EL Tratado de reforma de la UE adquiere su naturaleza jurídica con la firma solemne, en la ciudad de Lisboa, por parte de los jefes de Estado y de Gobierno. Se inicia así una nueva etapa tras la decisión política de interrumpir el proceso de ratificación del llamado Tratado constitucional, interrupción que fue bastante anormal y poco respetuosa con las formas jurídicas.

Al anunciar el acuerdo alcanzado el 19 de octubre, el primer ministro portugués, José Sócrates, destacó que con el acuerdo la UE "sale de la crisis" y "se fortalece para hacer frente a los desafíos internacionales". Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, expresó su convicción de que el Tratado de Lisboa "es el definitivo". Asimismo, el presidente de la Comisión abogó por cerrar el debate institucional para "concentrarse en la Europa de los resultados".

Éste es el mensaje formal a la opinión pública. Cada cual es muy libre de expresar su satisfacción. Sin embargo, la realidad del texto de los nuevos tratados no es tan simple. Plantea múltiples interrogantes y supone una auténtica desnaturalización respecto al equilibrio interinstitucional marcado por los tratados fundacionales.

Parece que hay consenso entre los jefes de Estado y de Gobierno para hacer pasar este texto ante la opinión pública con el menor debate posible y circunscribir su ratificación a la vía parlamentaria.

Intentar salir de la crisis de opinión pública en la que habíamos caído, tras los referendos negativos de Francia y de Holanda, es una cosa y otra, bien distinta, que a los ciudadanos no se les informe, en profundidad, de las consecuencias que el nuevo Tratado puede tener.

No se trata de defenderlo o atacarlo, simplemente es una cuestión de análisis y de valoración. No se puede zanjar un debate de trascendencia con unas meras frases para los medios de comunicación.

No es el momento aquí y ahora de hacer un balance con un mínimo de rigor. Sí de alertar de que el contenido del Tratado o Tratados de Lisboa no es una "mini reforma", ni se puede considerar similar al texto de Tratado constitucional, sometido a referendo en España. Su naturaleza y alcance es bien distinta.

El texto de los llamados Tratados de Lisboa es imposible de leer sin elaborar, preliminarmente, un texto concordado para hacerse una idea del texto de los Tratados en vigor, el texto del non nato Tratado Constitucional y lo que suponen los artículos contenidos en los Tratados de Lisboa. Sin olvidar los numerosos Protocolos y Declaraciones anejos, que el propio Tratado precisa que "forman parte integrante de los mismos".

Sin ánimo de ser exhaustivos y como mera indicación precisa de algunos elementos que se consideran como modificaciones mayores que rompen el equilibrio interinstitucional, hay que señalar la consolidación del Consejo Europeo como Institución independiente del Consejo, y que tendrá un presidente que asumirá, "la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común" . La política exterior y de seguridad común se regirá por reglas y procedimientos específicos, "quedando excluida la adopción de actos legislativos".

Este monopolio del Consejo europeo de la Política Exterior y de Seguridad es un atentado grave al espíritu de los tratados y su futuro institucional.

A esto se suma la figura y funciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; es otro golpe de gracia al sistema institucional europeo, que es la esencia de la construcción europea.

Este Alto Representante, además de presidir el Consejo de Asuntos generales, será un "mandatario del Consejo Europeo", en la Comisión Europea, con la categoría de vicepresidente. Esto es una desnaturalización, sin precedentes, de las funciones y naturaleza jurídica y política de la Comisión europea.

¿Cómo puede aceptar una institución como es la Comisión Europea, guardiana de los tratados y con la iniciativa legislativa, tener como vicepresidente un "mandatario del Consejo Europeo"? Es el intento deliberado de dar un golpe de muerte a las instituciones de la UE, poniéndoles un "delegado gubernativo" en el seno del mismo Gobierno de Europa. Ni el último municipio de Europa aceptaría semejante ultraje a su autonomía política.

Disparates jurídicos y políticos de esta envergadura alberga este llamado Tratado de Lisboa. No creo que un tratado con estos contenidos pueda ser "el definitivo", como opina el ministro Moratinos.

Por el bien del futuro de Europa, no se puede desear larga vida a este tratado, ni siquiera en días de Navidad en que se sienten los mejores deseos para todos ante el nuevo Año.

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