DESDE que se hizo público el anteproyecto de Ley del Aborto han sido numerosas las manifestaciones en su contra y no sólo por parte del grupo político de la oposición que, como su nombre indica, se opone a todo cuanto haga o diga el Gobierno, sino por asociaciones religiosas, grupos independientes y otros.

Pues bien, la mayoría de ellos coincidía en rechazar el hecho de que una mujer menor de edad (¿podré llamarlas mujeres si están embarazadas, verdad?), pudiera abortar sin consentimiento ni información a los padres. Incluso algún político socialista se adhirió a esta reprobación. Tan unánime fue la censura al citado aspecto, tan reiterativa, que los ingenuos llegamos a pensar que si se consiguiera una modificación en ese sentido, la ley no tendría grandes problemas para ser aceptada por otros colectivos.

Lo dicho, hay que ser cándida. El pasado jueves (Día de los Derechos Humanos, por cierto) la Comisión de Igualdad ha aprobado la corrección a la ley obligando a las menores de 16 y 17 años que deseen abortar, a comunicarlo a sus padres a menos que exista riesgo de violencia por parte de éstos. Ya conocerán ustedes las reacciones: Pues no, mire usted, que tampoco, que no puede haber excepciones, que eso es sólo una excusa para que ninguna chica informe a sus padres.

No acabo de enterarme. ¿Es que los que no aceptan la modificación no creen que se den reacciones violentas? ¿O quizás es que ellas merecen esa violencia por parte de sus padres?

Si es que no se cree en la violencia paterna, es que imaginamos que todos los padres son como nuestros amigos y que todas las chicas viven y se relacionan con sus progenitores como lo hacen las nuestras… O sea, un mundo feliz: padres e hijos responsables y consecuentes ¿Tan complejo es aceptar que existen muchos tipos de conductas y de realidades? Pero si de lo que se trata es de castigarlas, creo que ellas ya tienen lo suyo. Al quedarse embarazada involuntariamente, sea por lo que sea, se encuentra con un problema grave. Y cuando decide abortar, el problema se convierte en tragedia. Me cuesta creer que pueda vivirse esta situación de una manera frívola y me inclino a subrayar el dolor, tristeza y desarraigo que conlleva. Defender que no se admitan excepciones para informar parece una loa a la venganza, un reclamo al castigo. Pedir más condena para la joven embarazada de la que ya estará viviendo, no casa con la caridad cristiana. Creo que la rectificación es justa. Los padres deben ser informados, es un deber y un derecho que poseen, pero reconozcamos que es una cuestión de equidad el proteger a quien lo necesite y siempre que lo acrediten personas competentes para ello. Sólo sigue faltando en la ley la obligación de informar también a los padres del padre de la criatura. ¿Para cuándo compartir responsabilidades?