CUANDO se evalúan los comportamientos antisociales por parte de los profesionales de la Psicología, tanto en su frecuencia como en el tipo y gravedad, se observa que normalmente los resultados difieren de los oficiales emitidos por los departamentos correspondientes. En los primeros el número suele ser mucho mayor, es bastante más amplio el espectro de los actos etiquetados como tales y la gravedad es más dispersa. Aparte de las explicaciones ofrecidas acerca de esta discrepancia, una de las conclusiones que se han extraído es la de que prácticamente nadie se escapa de que alguna vez en su vida haya sucumbido a ejecutar una conducta antisocial, por lo menos, en sus formas más leves -es importante señalar que no todo comportamiento de esta clase es delito-. Por tanto, aquí puede aplicarse muy bien lo de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra; si bien, obviamente, no es lo mismo arrojar papeles al suelo que llevar a cabo un robo con intimidación. El conocimiento de esta realidad otorga un cierto grado de flexibilidad en la comprensión de los comportamientos humanos, lo que no es contradictorio con la creencia de que siempre hay que mejorar los cauces de convivencia y que todo aquello que sea delito, dentro de una sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos, debe ser perseguido y castigado.

Lo expuesto ayuda a entender -que no a justificar- las noticias que con cierta regularidad nos llegan desde el ámbito político, que van desde asuntos rechazables de no una excesiva transcendencia a otros de mucho mayor calado. Y decía lo de no a justificar porque la exigencia que se le hace al resto de la sociedad, en cuanto a que su forma de actuar responda a unos determinados criterios deseables y necesarios, cuando se le aplica al político toma mayor carta de naturaleza, dado el papel ejemplarizante que debe ejercer con respecto a los demás. Todo esto viene a colación con las declaraciones a las que se ha visto obligado a pronunciar el primer ministro británico, Gordon Brown, en las cuales pide disculpas en nombre de toda la clase política por los abusos cometidos por todos -los del partido del gobierno y los de la oposición- con los gastos oficiales, amparándose en una legislación poco rigurosa y difícil de interpretar, que han ido desde cargar al Estado 0,87 euros por dos latas de comida para perros -aquí, un parlamentario andaluz pasó una factura por una bebida de cola- a miles de libras para renovar una casa de campo que después se vendió. Es patente que, al margen de legalidades, se da una total ausencia de comportamiento moral y de conciencia social. ¿Algún líder del PSOE y del PP -Zapatero, Rajoy, Griñán, Arenas…- se atrevería a pedir disculpas como Brown? Porque motivos los hay y muchos.