Escribí más de una vez aquí que el movimiento nacionalista-catalanista ha aprovechado -entre otros- tres momentos históricos de extrema debilidad en el Gobierno español para tratar de imponer su ansiada independencia. Primero en el curso de una desdichada I República, proclamada el 11 de febrero de 1873 y liquidada el 29 de diciembre de 1874 con el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campo. El segundo fue cuando instituida la II República el 14 de abril de 1931, de la que se cumplían 87 años hace unos días, el 6 de octubre de 1934 en Barcelona se proclamó lo que se denominó "estado catalán" dentro de la "República Federal Española", erigiéndose en presidente Lluis Companys. Esta situación duraría 12 horas cuando a la mañana siguiente las tropas del Gobierno de la República -¡la República!- irrumpieron en el Palacio de la Generalidad, deteniendo al presidente Companys, miembros de su gobierno, varios diputados, presidente del Parlamento catalán, al alcalde de la ciudad y a los concejales de ERC, confinándolos en el buque Uruguay reconvertido en prisión.

El tercer momento de debilidad tiene un largo recorrido desde que los distintos gobiernos tras la Transición han requerido para su investidura, cuando no tenían mayoría, de toda una sucesión de vergonzosas concesiones, renuncias, competencias y prebendas que llegaron a humillantes indulgencias con el Gobierno de Zapatero, alcanzando un increíble debilitamiento, un grado de patológica complejidad, de apocada ambigüedad, con el Gobierno actual. A ese nivel inconcebible de flaqueza se han unido la indecisión y la incompetencia. Junto a nobles actuaciones han abundado ministros ineptos y lenguaraces, que prodigan incesante e inoportunamente sus declaraciones y lamentables torpezas en las que incurren frecuentemente, además de su cohorte de parásitos, simbióticos corruptos, aprovechados y otras despreciables adherencias indeseables. Más un portavoz en el Congreso que cada vez que habla pierde votos.

Toda esta fragilidad gubernamental, toda esta dejación política, han permitido a los nacionalistas catalanes a lo largo del tiempo fortalecer sus mentiras, sus falsedades históricas, su pérfido supremacismo excluyente cada día más intransigente, la instrumentación de una maquinaria ilegal bien dotada que ha intoxicado a los ciudadanos, jaleados por unos medios afines, el fomento de Comités de Defensa de la República y grupos subversivos que han impuesto una oligarquía totalitaria y fanática. El colmo han sido las declaraciones del ministro Montoro sobre la malversación de fondos "públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia", que lesionan gravemente la credibilidad de la justicia española y la gestión del juez Llarena que pidió a la Guardia Civil "la aportación de documentos y demás elementos objetivos" sobre esa presunta malversación. Más que un tiro en el pie, un impacto en plena línea de flotación del Ejecutivo.

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