NI soy monárquico, ni dejo de serlo. No escribo, pues, pensando en el futuro de la institución, sino en el de usted y en el mío, víctimas hipotéticas pero posibles del llamado juicio mediático, esa suerte de linchamiento que destroza los pilares de la verdadera Justicia. Ahora el juguete es Urdangarín; antes lo fueron otros; mañana, cuantos sirvan para alimentar el negocio. De este modo, se dictan impunemente sentencias sumarísimas, se desatienden garantías y se revientan vidas con facilidad pavorosa. La presunción de inocencia, núcleo lógico y constitucional del Estado de Derecho, apenas sobrevive en ridículas cláusulas de estilo, obviadas, incluso, cuando de caza mayor se trata. La vorágine informativa no se acomoda al tiempo lento de los procesos: hay prisa, el pueblo urge y paga sangre y sangre se le da, sin importar la certeza contrastada y firme de los hechos.

El disparate, claro, tiene sus responsables y no todos en igual grado. Los primeros y principales, aquéllos en quienes hemos delegado la tutela del sistema. Es inadmisible que en este país casi nada sea más público que un sumario secreto. Éste lo es -también para la defensa- durante el tiempo estrictamente necesario y en aras de una mejor averiguación de lo sucedido. ¿Cómo entonces quiebran tan a menudo los protocolos y anticipadamente se airean informes policiales, relatos de los fiscales y hasta elucubraciones de los instructores? Faltan, creo, normas rigurosas que logren sellar las rendijas del habitáculo judicial, que atemperen el afán de protagonismo de estrellas togadas o uniformadas y que impermeabilicen la indudable trascendencia de lo que allí se dilucida.

De ahí a la pena de telediario solo resta la eventual cautela periodística. ¿Cómo demandar ésta si el fuego para la hoguera lo están suministrando los propios encargados de evitarla? Y sin embargo, a pesar de reconocer el vergonzoso impulso, reflexionar sobre aquélla me parece inaplazable. Desde luego no vale todo. Vender no es un fin que justifique cualquier medio. Hay una delgada línea entre el ejercicio digno y exitoso del oficio y la manipulación grosera de las masas. De cruzarse, el resultado es la indefensión real del así ejecutado: ni aunque después acabe declarado inocente podrá ya recuperar su honor y su fama. La condena previa e ilegítima que deriva de una mala praxis periodística es literalmente inapelable y conduce a un círculo vicioso: si los tribunales la confirman será siempre tardía; si no, alentará críticas feroces sobre las pamplinas jurídicas y la incapacidad de los jueces.

No es, reitero, un asunto menor ni ajeno. Debería constituir una preocupación común que nadie, bajo ninguna circunstancia, pudiera verse atrapado en semejante laberinto. Y tendríamos que exigir, por supuesto, el constante y escrupuloso respeto de una conquista -la de la presunción de nuestra inocencia- tan fundamental como irrenunciable.