El Tribunal Supremo acaba de anular la decisión judicial que suspendía ciertos vuelos del aeropuerto de Barajas que cruzaban una urbanización madrileña. Se trata de un caso típico de colisión entre los derechos individuales y el bien común. El transporte que utilizan miles de personas, el perjuicio económico de las empresas, los puestos de trabajo… todo esto está por encima de los derechos de unos cientos de ciudadanos, por muy legítimos que sean. Una parte de nosotros compadece a los vecinos pero la otra entiende que la decisión es correcta.

Parece estar claro que es así como funciona la cosa: el bien común prevalece frente a los intereses individuales. Más aún, si el beneficio alcanza a todos los habitantes de la tierra, que poseemos por igual los denominados "bienes comunes", aquellos que son de todos y de nadie al mismo tiempo: el aire, el suelo, el clima, el agua… Y ahí es cuando ya no está tan claro este axioma.

Sin detenerme en argumentos sobre el cambio climático, ya conocen aquello de que "el que contamina más, que pague más". Tiene sentido: con esos impuestos se puede compensar el daño causado al bien común, utilizándolos, por ejemplo, en el desarrollo subvencionado de energías renovables, en programas de reforestación… De igual modo, el que contamina menos que pague menos. Existe el llamado impuesto verde, que incentiva fiscalmente la compra de vehículos menos contaminantes. Pero cuando llegamos al transporte aéreo, del que hemos partido, todo está al revés. Siendo el más contaminante con diferencia, veinte veces más que el tren convencional, es el que más privilegios fiscales acumula: los billetes internacionales no pagan IVA, tampoco el queroseno que utilizan las aeronaves y el Gobierno ha rebajado significativamente las tasas aeroportuarias.

¿Queremos que los billetes de avión sean muy baratos? ¿Queremos que lleguen muchos turistas? ¿Queremos asegurar la vida de nuestros hijos? ¿Queremos revertir una situación que desemboca en catástrofe, como las que ya están sucediendo en tantos lugares del planeta? Pues todo no se puede. Ese es el problema, que hay que decidir. Y los criterios no están tan claros como en el Tribunal Supremo, según parece. Planteemos una Economía del Bien Común, que en realidad es la del sentido común, donde no cuente "finalmente el dinero", sino el Balance del Bien Común. Entonces será cuando les vaya bien no solo a los pocos que pueden viajar en avión, sino a todos los seres humanos.