CON todo el respeto por el colectivo, la ley de matrimonios que se aprobó en su día para gays y lesbianas no ha tenido prácticamente incidencia alguna en Huelva, a juzgar por el número de uniones oficiales que se han realizado. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de la capital, aparte de aquella simpática pareja de gays que inauguró la nueva situación, con el alcalde Pedro Rodríguez de oficiante y heterodoxo ante su partido, sólo otra pareja, en este caso de lesbianas, ha necesitado del oficio de la primera autoridad para unirse en matrimonio.

Es cierto que estas uniones, como las demás, no sólo se realizan en el Ayuntamiento, pero tampoco en otras ventanillas la afluencia ha sido apreciable. Y, por si fuera poco, aquella primera pareja que se casó en Cartaya, en ceremonia municipal oficiada por el alcalde y que después celebró su enlace en un coche de caballos subrayando el aire festivo del acontecimiento, se ha divorciado hace unos meses.

Todo apunta por tanto a que siendo como es necesario garantizar el derecho de toda persona a unirse con quien quiera y como quiera y de la forma que mejor le venga en gana, no parece que esto mereciera los perfiles de un problema nacional como se pudo creer en aquel falso debate entre partidos. Se demuestra que hubo quien provocó a una oposición, el PP, dispuesta a tragarse el anzuelo y darle el marchamo de progresistas a los contrarios, el PSOE.

Con el último intento de revitalizar el caso del aborto, además de un quedar en evidencia del PSOE por la iniciativa de IU, ha podido pasar lo mismo. Pero todo apunta a que ya hay quien ha aprendido la lección.