editorial

Adelgazar la Administración

EL Consejo de Ministros aprobó ayer su anunciado plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial. Supondrá la supresión de 24 empresas públicas estatales, la desinversión en otras 8 y la retirada de sus participaciones minoritarias en 35 sociedades, además de agilizar la liquidación de otras once compañías ya en vías de ser jurídicamente disueltas. "El Gobierno tenía que poner orden y lo ha hecho", declaró la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, para justificar esta vasta operación de reconversiones, que responde a un compromiso reiterado por Rajoy durante la campaña electoral: la Administración debe adelgazar, tanto por lo que ello significará de ahorro en gastos de funcionamiento como por la mayor racionalidad que implica. Es de destacar que la reestructuración sólo afecta a una parte de las sociedades mercantiles en manos del Estado, que de todas formas son un escaso porcentaje de las más de cuatro mil entidades públicas, entre empresas, fundaciones y otros organismos que se reparten entre todos los niveles institucionales (estatal, autonómico, provincial y local). Entre las empresas suprimidas total o parcialmente se encuentran, aparte de la Sociedad Pública de Alquiler que puso en marcha el Gobierno anterior en un intento de atajar el problema de la vivienda, otras que tenían más consejeros que trabajadores, que apenas pueden presumir de actividad o que perdieron su razón de ser por puro paso del tiempo, como las referidas al Quinto Centenario del Descubrimiento de América o al holding olímpico 92. Estos ejemplos dan fe del derroche absurdo del mantenimiento de unas estructuras ineficientes, costosas y en muchos casos inútiles. La Administración española tiene exceso de grasa, eso es evidente. A este primer paso en el camino hacia su adelgazamiento deben seguir otros, a todos los niveles porque hay numerosas duplicidades, para dotar al país de los órganos estrictamente necesarios para servir a los ciudadanos, y ni uno más.

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