Análisis

alfonso martínez chacón

El drama de la salud mental

La salud mental ha sabido de los recortes mucho antes de producirse la crisis económica. Veamos. En los lejanos años 80 del pasado siglo, y a propuesta de un ejército de psiquiatras, cerraron los hospitales psiquiátricos y de forma drástica, al menos en Andalucía. A partir de entonces, los enfermos sólo quedaron al amparo de sus familiares y sobrevino un auténtico drama de obstáculos, cada vez más insalvables.

Sólo existen ingresos en régimen cerrado en las llamadas Unidades de Agudos; en nuestra provincia la tenemos en el Juan Ramón Jiménez. En ella sólo se ingresan a los que se encuentran en situación extrema y por poco tiempo, una semana o diez días a lo máximo, salvo contados casos.

Dicha unidad sólo cuenta con 32 camas para una provincia cercana a los 600.000 habitantes.

Existen dos tipos de ingresos: voluntario e involuntario; es en este último donde reside el mayor problema. Ha de ser por orden judicial, lo cual no se produce a no ser que el enfermo atente contra su vida o la de alguien. O que algún facultativo emita un informe al juez de turno y que sea contundente, otra cosa que es difícil, si no imposible. Ante esta dura realidad me hago esta pregunta: ¿De verdad, al sistema sanitario, le interesa la salud del enfermo y la tranquilidad de sus familiares?

-Más bien no.

Por otra parte está la famosa Ley de Protección de Datos, que, en general, está muy bien pero, para el caso de los enfermos mentales y sus familiares, resulta ser toda una ley mordaza. Por ello, cualquier información que se solicite, la niegan en base a la Ley.

Mi caso concreto es que tengo una hija con casi 39 años que lleva enferma 16 año, al año de producirse el fallecimiento de su madre, en el año 2000, habiendo tenido el primer brote psicótico el día primero de 2001. Padece lo que se denomina Trastorno Límite de Personalidad (TLP). No esta incapacitada, pues no me lo han aconsejado los facultativos que la han ido tratando. Por otra parte la incapacitación es un largo expediente contradictorio de meses o años con escasas probabilidades de éxito. Además no sirve para ingresar de forma involuntaria, en todos los casos ha de decidirlo un juez. Para más inri, aun cuando esté incapacitado el enfermo, si pide el alta voluntaria, inmediatamente se la conceden.

Volviendo a mi caso, cuando se ha encontrado muy mal y han llamado sus vecinos al 061, ni el médico de guardia del centro local de salud ha querido proponer el ingreso ( he de aclarar que mi hija vive sola en un piso, pues se negó a convivir conmigo). Dicho médico argumenta que es el psiquiatra suyo el que tiene que decidir su ingreso. Este, que le trata en el centro comarcal de Lepe, tampoco ha estado por la labor. Siempre me veo en la mayor impotencia de indefensión.

Además mi hija consume drogas cuando se encuentra mal, por lo que padece lo que denominan Patología Dual: enfermedad+ consumo. Pues bien, he de afirmar que no existe en toda Andalucía un centro para estos casos que sea público, cosa que sí hay en otras comunidades, me consta.

¿Queda claro que la salud mental conoció los recortes antes de la crisis económica? Estoy convencido de que lo que hizo el Gobierno en aquellos años 80 no fue otra cosa que una "privatización encubierta de la salud mental". Y los siguientes gobiernos se la encontraron hecha.

Ciertamente existe una asociación de familiares de estos enfermos, se llama Feafes. Y ¿qué es lo que hace? Para mí, hacerle el juego al sistema, en tanto que mendigan ayudas a las administraciones pero no reivindican lo que no se nos da.

Por ello seguimos con escasez de camas en el Juan Ramón Jiménez. En el centro comarcal de Lepe, las consultas psiquiátricas son como poco cada mes y las del psicólogo impensables, ya que existe uno solo para una población de casi 100.000 habitantes.

Y esto es algo de lo mucho que se puede decir del gran drama que padece la salud mental, al menos en esta comunidad.

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