La polémica sobe la independencia de la justicia viene de antiguo, las denuncias sobre su politización son constantes y no hay sentencia que no se analice bajo la lupa de posibles interferencias. Tanto del Gobierno de turno como de los partidos o de las asociaciones profesionales, que a su vez cuentan con un perfil claramente adscrito al PP o al PSOE, y con frecuencia se advierte en sus decisiones. Se inclinan a favor de sus asociados o de quienes defienden posiciones progresistas o conservadoras según el caso aunque no estén asociados y, desde luego, cuentan siempre con más posibilidades de ocupar buenos destinos quienes forman parte de una asociación. El juez Grande-Marlaska ha denunciado en múltiples ocasiones la inferioridad de condiciones de los no inscritos, como él, aunque finalmente logró ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. La excepción que confirma la regla.

A nadie se le escapa que si el tribunal de Palma hubiera enviado a prisión a Urdangarín en lugar de imponerle una fianza, la reacción prácticamente unánime habría sido de elogio a la decisión de las tres magistradas. De nada sirve que profesionales solventes lleven una semana advirtiendo que la sentencia condenatoria era impecable pero que era probable que el Supremo la rebajara, así como que la prisión era perfectamente eludible con una fianza. Y recordaban el trato dado a personajes que con más de diez años de condena que no habían ingresado en prisión hasta que la ratificación por el Supremo. Pero como se trata de yerno de Don Juan Carlos, desde que se inició el caso han sido multitud quienes han afirmado sin ninguna prueba que ha recibido sistemáticamente trato de favor por su pertenencia a la Familia Real.

Coincide la sentencia a Urdangarín con la designación de 35 nuevos fiscales. Y ahí las denuncias de presiones gubernamentales han sido clamorosas, sin que nadie haya puesto el acento en que la Fiscalía General ha hecho suyas las decisiones de la Junta de Fiscales donde, por cierto, la influencia de las asociaciones ha sido evidente. Nadie recuerda o quiere recordar, por ejemplo, cómo en tiempos anteriores se han nombrado fiscales generales o tenientes fiscales no ya sin el respaldo de la Junta, sino incluso sin un solo voto a favor.

Denuncia el fiscal de Murcia ahora relevado -por cierto, por su segundo de abordo, lo que garantiza continuidad al caso del presidente murciano- que ha recibido múltiples presiones para que no fuera imputado. Si el fiscal tuviera lo que debería tener, si efectivamente ha recibido presiones, debería haberlo denunciado de forma inmediata, no cuando le ha llegado la hora del relevo.

Que la Justicia española está politizada es un hecho que necesita corrección urgente, como hay sentencias que claman al cielo. Pero lo que no se puede admitir es que se consideren mediatizadas, instrumentalizadas y condicionadas determinadas sentencias, o determinados nombramientos, en función de a quién afecte.