Dos meses después de ser aprobada por el Congreso de los Diputados, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual entra en vigor el próximo jueves, 1 de enero, precedida por las protestas de numerosos sectores, que han llevado incluso al cierre de Google News en España.

A pesar de que en su propio texto la nueva norma establece un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, el Ejecutivo consideró preciso llevar a cabo una modificación parcial para solucionar los problemas más urgentes del sector.

Mientras que la oposición coincide en acusar al Gobierno de incumplir sus promesas de consenso a lo largo de la tramitación parlamentaria, el grupo popular defiende que se han cumplido los fines de la reforma: la protección de los creadores culturales en internet, la mejora de la transparencia de las entidades de derechos de autor y la transposición de directivas europeas.

La reforma ha recibido duras críticas de la compañía tecnológica Google, de las entidades de gestión y ha sido objeto de movilizaciones del mundo de la cultura, que bautizó a la reforma como "ley Lassalle", en referencia al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.

Entre otras medidas, la ley establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por los agregadores de contenidos o buscadores de internet por la utilización de sus contenidos, una remuneración que será irrenunciable. Este punto de la ley provocó que Google cerrara su servicio de Google News en España el pasado 16 de diciembre, de tal forma que ha dejado de mostrar contenidos de los editores españoles en el resto de sus ediciones en el extranjero.

Desde esa fecha, cuando se intenta acceder a ese servicio, el internauta es redirigido a una página de apoyo al usuario donde se indican que "las publicaciones de los editores españoles ya no aparecen en Google Noticias" y se explican las razones por las que la compañía tecnológica ha tomado esa decisión. Para el responsable de Google News, Richard Gingras, la nueva realidad que establece la legislación es "insostenible" para un servicio gratuito que no muestra publicidad ni genera ingresos.

Otro de los aspectos más criticados de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es que se mantenga el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una medida transitoria hasta que legisle al respecto la Unión Europea.

En lo que se refiere a la lucha contra la piratería, la ley establece multas de hasta 600.000 euros para las páginas web que tengan como principal actividad facilitar de manera masiva la localización de contenidos piratas e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores.