Más gasolina en Turquía

  • La decisión de ilegalizar el principal partido pro kurdo puede dar al traste definitivamente con todos los intentos de hallar soluciones a un conflicto que dura ya 25 años

La ilegalización del pro kurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP) por parte del Tribunal Constitucional turco ha provocado una escalada de tensión entre el Gobierno de Ankara y la minoría kurda y suma una amenaza más al proceso de paz para acabar con un conflicto que dura ya 25 años.

El Constitucional ha considerado probado que existen vínculos entre el DTP y el PKK, una organización considerada terrorista por la Unión Europa y Estados Unidos y que desde 1984 se enfrenta a las autoridades de Ankara para lograr la autonomía de los 12 millones de kurdos que viven en Turquía. Además de ilegalizar el partido, que dispone de 21 escaños en el Parlamento turco, el Constitucional también decidió prohibir a 37 miembros de la formación -entre ellos su presidente, Ahmet Türk, y una diputada- participar en la actividad política durante cinco años, para impedir así su integración en otras fuerzas.

El propio Türk reaccionó a la ilegalización del partido y su inhabilitación y aseguró que "Turquía vive un periodo doloroso y esta decisión es desesperanzadora, pero aun así creemos que Turquía algún día alcanzará la paz". "La democracia y la paz terminarán ganando, por muchos obstáculos que se les ponga", declaró, y pidió que continúe el "diálogo" y el "sentido común".

"Nuestro objetivo es solucionar el problema (kurdo). Por mucho que me inhabiliten o inhabiliten a otros 30 compañeros, continuaremos la lucha democrática", aseveró.

La ilegalización del DTP, al que se confiscarán todos sus bienes, amenaza con dificultar aún más el proceso de paz impulsado por el Gobierno turco para acabar pacíficamente con la cuestión kurda. En los últimos meses, Ankara había movido ficha y anunciado un aumento de los derechos de la minoría kurda e incluso acabado con el estricto aislamiento del fundador del PKK, Adullah Öcalan, que desde hace diez años era el único recluso de una prisión-isla. Sin embargo, el pasado domingo varias protestas en zonas kurdas por las condiciones de detención del dirigente kurdo acabaron en enfrentamientos con la Policía que dejaron un muerto y decenas de heridos.

La tensión se disparó el lunes de la semana pasada, cuando siete soldados turcos cayeron abatidos en una emboscada cuya autoría se atrinbuyó el PKK. El jueves, los medios turcos informaron sobre la muerte de nueve militantes kurdos a manos del Ejército.

Las iniciativas del Gobierno han sido criticadas como una rendición ante los separatistas por la oposición nacionalista, mientrar el propio Öcalan las calificaba de mero "espectáculo".

Los diputados del DTP ya han anunciado que abandonarán el Parlamento, lo que obligaría a convocar elecciones en las provincias por las que fueron elegidas. Desde su fundación en 1963, el Constitucional turco ha ilegalizado a veinticuatro partidos, entre ellos cinco formaciones pro kurdas.

Esta semana, un grupo de intelectuales turcos publicó una carta abierta en la que pedía que no se ilegalizara el DTP y aseguraba que Turquía se está convirtiendo en un cementerio de partidos políticos. En ese comunicado, se advertía que la ilegalización del DTP no sólo no resolverá nada, sino que enquistará aún más el conflicto.

La Comisión Europea (CE) se mostró "seriamente preocupada" por estos acontecimientos, que "han minado la apertura democrática" del país. La CE seguirá "vigilando de cerca" la evolución de la situación turca, con especial hincapié en el respeto de los derechos humanos, afirmó un portavoz, Amadeu Altafaj, quien asegura que el sureste de Turquía, la zona con mayor concentración de población kurda, necesita paz y estabilidad para alcanzar una democracia estable en un país que aspira a adherirse a la UE.

Tras expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas del último ataque terrorista, el portavoz recordó que el partido ahora ilegalizado se ha negado reiteradamente a condenar los atentados y a distanciarse claramente del PKK.

"Por otro lado, la decisión de la Corte Constitucional puede privar a un segmento significativo de votantes turcos de representación política, una condición necesaria para un resultado exitoso de la apertura democrática", recalcó Altafaj.

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