El Constitucional abre el proceso para ilegalizar el partido gobernante en Turquía

  • El Fiscal General del Estado se basa en que la formación islamista moderada se ha convertido en el núcleo de actividades contra el laicismo, frente a lo que estipula la Constitución del país

El Tribunal Constitucional de Turquía ha decidido abrir el proceso para la ilegalización del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista moderado), triunfador en las elecciones legislativas de julio pasado con el 46,7% de los votos.

El 14 de marzo, el Fiscal General del Estado, Abdurrahman Yalçinkaya, solicitó la ilegalización del AKP y la inhabilitación política de 70 de sus miembros, incluido el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, basándose en que la formación islamista moderada se ha convertido en el núcleo de actividades contra el laicismo, frente a lo que estipula la Constitución del país.

El portavoz de la corte comunicó la decisión judicial, tras una reunión de cuatro horas, con una corta declaración: "La acusación ha sido aceptada por consenso, excepto en la parte que afecta al (presidente de la República) Abdullah Gül. Esta parte ha sido aceptada por votación mayoritaria".

Tres de los once jueces del Constitucional votaron contra la inhabilitación política de Gül, quien, al ser jefe del Estado, sólo puede ser imputado en casos de alta traición.

La acusación será ahora enviada al AKP para que prepare su defensa en el plazo de un mes.

En ese lapso de tiempo, el Fiscal General del Estado finalizará también la acusación y los miembros del AKP imputados podrán defenderse de esa última acusación de forma verbal ante el Tribunal Constitucional.

Según los expertos, la corte tardará unos seis meses en deliberar sobre el caso y el AKP será ilegalizado en caso de que siete de los once jueces del Constitucional voten a favor de ello.

En lugar de su ilegalización, los magistrados podrían decidir bloquear total o parcialmente la financiación estatal al partido.

El AKP fue fundado en agosto de 2001 como una escisión liberal del Partido islamista de la Virtud (FP), que fue en su momento prohibido bajo una acusación similar a la actual.

Otros tres partidos de la misma línea islamista y predecesores del FP fueron ilegalizados por ser centros de actividades contrarias al laicismo oficial.

Rusen Çakir, periodista experto en movimientos islamistas, explicó que existe "honda preocupación" en el seno del AKP, por lo que el Gobierno podría optar por cambiar la Constitución para dificultar la ilegalización del partido.

Cualquier enmienda constitucional necesita del apoyo de 367 de los 550 parlamentarios de la Asamblea turca y, según los analistas nacionales, el AKP no cuenta con tal respaldo, por lo que la eventual reforma debería ser enviada a referéndum, lo cual polarizaría el país.

Deniz Baykal, líder de la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ya ha avisado de que un referéndum sobre una posible enmienda constitucional que salve al AKP de la ilegalización significará también una consulta sobre el laicismo.

El CHP se opone a dificultar la ilegalización de los partidos políticos. "Hacer una enmienda para influir en la decisión de un juicio ya en marcha va contra la Constitución y es ilegal", afirmó el vicepresidente del CHP, Mustafá Özyurek.

El profesor Yildizhan Yayla, de la Universidad Galatasaray de Estambul, aseguró que una enmienda constitucional de ese tipo podría ser vista como una injerencia en el proceso y "crearía problemas aún más serios".

El comisario de la Unión Europea para la Ampliación, Olli Rehn, afirmó el pasado fin de semana que "en las democracias normales estos temas se deciden en los parlamentos, no en los tribunales", y advirtió de que la UE podría reconsiderar la adhesión de Turquía al club comunitario en caso de que el AKP fuera ilegalizado.

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