El Gobierno alemán aprobó ayer en su Consejo de Ministros un proyecto de ley que endurece su política de asilo contra potenciales terroristas extranjeros y que contempla el acceso por parte de las autoridades a los teléfonos móviles y ordenadores de los peticionarios de asilo en aras de poder determinar su identidad.

Con la reforma, el Ejecutivo de Angela Merkel pretende agilizar las deportaciones de peticionarios de asilo cuya solicitud haya sido denegada, así como imponer sanciones más duras -entre ellas, limitar su capacidad de movimiento- a aquellos refugiados que faciliten datos falsos a las autoridades cuando se registraron.

Además, la nueva normativa autoriza el uso de tobilleras electrónicas para vigilar a potenciales terroristas extranjeros, facilita el ingreso en prisión de presuntos islamistas y aumenta el periodo de tiempo que éstos pueden permanecer detenidos a la espera de su expulsión a su país de origen.

Del conjunto de medidas a las que el Gobierno dio ayer luz verde, la más polémica es aquella que permitirá a la Oficina Federal de Refugiados y Migración (BAMF) acceder a los teléfonos móviles u ordenadores de los peticionarios de asilo para poder determinar su verdadera identidad.

"Es de ley que el Estado pueda cerciorarse de si los datos facilitados por un solicitante de asilo sobre su nacionalidad son correctos", defendió el ministro del Interior, el cristianodemócrata Thomas de Maizière.

La organización defensora de los derechos humanos Pro Asyl criticó la nueva normativa asegurando que se trata de una "brutalización de las expulsiones", al tiempo que aseguró que Alemania ha pasado de ser un país de acogida a uno de deportación.

También desde el partido opositor La Izquierda observan con preocupación los planes del Ejecutivo. "Los móviles y los ordenadores pertenecen al ámbito privado que debe protegerse", señaló su líder, Katja Kipping.

Las organizaciones de ayuda a refugiados indicaron que ayer se iba a llevar a cabo una deportación masiva de ciudadanos afganos desde Múnich, una expulsión que causa revuelo en Alemania, dado que en el país árabe continúan luchando tropas gubernamentales contra talibanes, lo que no garantiza una situación de seguridad.

Sin embargo, desde el Gobierno de Merkel defienden las expulsiones e insisten en que determinadas zonas de Afganistán son lo suficientemente seguras.

La normativa aprobada ayer, acordada hace semanas por los ministros de Justicia e Interior y que debe ser refrendada en el Parlamento, tiene como objetivo evitar que se pueda repetir un caso similar al de diciembre, cuando Anis Amri, un peticionario de asilo tunecino, perpetró un ataque en un mercado navideño de Berlín que causó 12 muertos. Sobre Amri, a quien las fuerzas de seguridad vigilaban porque podía resultar peligroso, pesaba una orden de expulsión que no llegó a ejecutarse.