"Consultado el índice central del Registro de la Propiedad no figuran titularidades vigentes a favor de Enrique Pina Campuzano". Tampoco en el Catastro ni en la Dirección General de Tráfico encontró la Policía rastro alguno en 2014. Sin embargo, cuando el Grupo de Delitos Económicos profundizó un poco más, tuvo que emplear cinco folios de un informe para enumerar el extenso patrimonio inmobiliario y automovilístico que figuraba a nombre de la familia del entonces presidente del Granada CF (a excepción de sus hijos) o de las empresas con las que se le consideraba vinculado. Los numerosos embargos de la Agencia Tributaria que pesaban sobre muchos de esos bienes dan alguna idea de por qué el exdirigente del Granada CF podría esconder su patrimonio, según las sospechas que la Policía hizo llegar en 2013 al juzgado granadino que abrió la primera investigación contra Pina.

La Policía no sólo centra su preocupación en el hecho de que ese patrimonio no figurara a nombre del dirigente deportivo, si no que incluso llega a incidir en posibles "ventas ficticias" a personas de su máxima confianza para evitar "presumibles embargos que hubiesen de recaer sobre las propiedades de sus testaferros". La operación que pone a los agentes sobre esta pista es la supuesta venta de la vivienda de Murcia que el propio Pina "facilitaba como domicilio propio". Incialmente estaba a nombre de sus padres, pero tras la operación de venta por 160.000 euros, fue adquirida por Jorge Cordero Sánchez. Los investigadores mencionan que es hermano de Juan Carlos Cordero y que ambos son "personas en las que notoriamente el investigado deposita su confianza", como lo demuestra el hecho de que en ese momento uno de ellos acompañara a Pina en la dirección del Granada CF, como vicepresidente. Esa compraventa es de 2010 y la Policía sospecha que podría haber estado encaminada a eludir los embargos que luego (en 2011) caerían sobre otras propiedades familiares de los Pina Campuzano.

Según la información que ha trascendido estos días, para mañana está prevista la declaración de Jorge Cordero, actual director deportivo del Elche CF, ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata para aclarar algunas de las cuestiones que se investigan en el caso judicial por el que Quique Pina ha sido enviado a prisión.

Tierras, pisos, garajes y trasteros en Archena (Murcia), que figuraban a nombre de la madre y del padre de Quique Pina, tenían anotaciones de dos embargos de la Agencia Tributaria por importe de 2,2 y 3,9 millones de euros, respectivamente. Al menos una de esas cauciones que Hacienda impone por impago es de julio de 2011, según la documentación de la Policía.

A nombre de algunas de las empresas que también eran aparentemente administradas por su hermana o su madre, Pina tenía, según la Policía, casas, pisos, garajes y otras propiedades que sumarían un valor catastral de 540.000 euros. Esta referencia económica está muy por debajo del precio de mercado, que suele duplicar como mínimo esa cantidad.

En cuanto a los vehículos, a cuyo propio nombre no consta nada, la Policía encontró el rastro de una motocicleta Honda, un coche Audi Q7 y otro coche Bentley Continental GT. Todos ellos constaban oficialmente como propiedad de Quique Sport SL y Calambur Intermediaciones SL, empresas que estaban a nombre de su hermana, Elena Pina, y en las que llegó a aparecer su madre como apoderada. La Policía sostiene que son "personas interpuestas" y que el patrimonio de esas sociedades le correspondería en realidad al propio investigado.

Respecto al coche Bentley, los investigadores llegan a asegurar que era "de dominio público la utilización y disfrute" que hacía Quique Pina del vehículo.

De la lectura de este informe realizado en el seno de la investigación judicial que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción 3 de Granada entre 2013 y 2014 se desprende que los problemas de Pina con Hacienda vienen de lejos.

Han sido precisamente las averiguaciones de la Agencia Tributaria, junto a las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, las que habrían provocado que este caso haya llegado hasta la Audiencia Nacional y se haya producido su detención por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y contra la Hacienda Pública. Actualmente se estima que podría haber defraudado al fisco 200 millones de euros en total, especialmente en las operaciones de traspaso de jugadores.

En aquellas primeras investigaciones, la Policía pidió al Juzgado que les autorizara a contactar con la Agencia Tributaria para continuar con las pesquisas contra Quique Pina.

Pero ya en ese primer informe los agentes especialistas en delitos económicos apuntaban una serie de posibles ilegalidades de gran trascendencia. Una de ellas, tal y como publicó ayer este periódico, sería la utilización de una sociedad "pantalla" y el movimiento de más de siete millones de euros procedentes de paraísos fiscales para la compra y conversión en sociedad anónima deportiva del Granada Club de Fútbol.