tribunales | declaraciones sobre los pagos de empresarios al ayuntamiento en la etapa del pp

García Arrabal a la jueza del caso Serrallo: "Me sacaban todo el dinero que les apetecía"

  • Los investigados del caso Serrallo señalan los nombres de subordinados, socios u otros cargos en sus últimas comparecencias

  • El constructor habla de situaciones "denigrantes"

Declaración de García Arrabal por el caso Nazarí

El empresario de la construcción Roberto García Arrabal inició la última tanda de declaraciones judiciales por el caso Serrallo (entre los pasados 21 y 23 de noviembre) con un aviso a navegantes. Reiteró que había pagado "de más" en sus obligaciones con la ciudad, pero esta vez fue especialmente duro con los antiguos responsables municipales, a quienes acusó de hacerle "chantaje" y someterlo a situaciones "denigrantes", al obligarle a pagar cosas que no le correspondían para obtener licencias o los permisos necesarios en su negocio.

"Todo está pagado con creces, es un chantaje absoluto que nos hacían en beneficio de la ciudad o en beneficio político de ellos; pero teníamos que pagar siempre de más", declaró el empresario el pasado 21 de octubre en el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, en relación a la investigación sobre la construcción de una discoteca en unos terrenos destinados a espacios libres junto al Serrallo.

Declaración de Isabel Nieto por el caso Nazarí

Las últimas citaciones a seis de los investigados, que ordenó la jueza María Ángeles Jiménez en la recta final de la fase de instrucción de esta causa, tenían como objetivo que pudieran declarar sobre un aspecto concreto de la larga investigación, que es el supuesto perjuicio económico para la ciudad que se habría producido en este asunto. Distintos informes, de la Policía y de la Junta de Andalucía, ponen de manifiesto que no hay constancia del pago de ciertas cantidades que el promotor tenía que abonar al Ayuntamiento para cumplir con sus obligaciones económicas. Unos peritajes hablan de 2 millones de euros y otro de 300.000 euros. Todos los investigados declararon, sin embargo, que el promotor habría pagado o compensado a la ciudad con todo lo estipulado en los convenios. Y el empresario, además, insistió en que había puesto, "como mínimo, 400.000 euros más de lo que debía pagar"; e incluso, podría llegar a los 800.000 euros, según señaló él mismo.

"Esta gente me sacaba todo el dinero que le apetecía", dijo García Arrabal nada más comenzar su declaración, en respuesta a una de las primeras preguntas de la jueza. Insistió varias veces en este tipo de aseveraciones a lo lardo de casi todas sus contestaciones, pero se extendió con detalle en esta idea cuando más tarde respondió a las cuestiones formuladas por su propio abogado, César Fernández Bustos. "Fue denigrante", dijo en referencia al dinero que tuvo que pagar sin pertenecerle la obligación, a su juicio. "Desde siempre me han obligado a cosas que no me correspondían, porque los del Ayuntamiento tienen la sartén por el mango: o haces lo que te dicen o no tienes licencia".

Las preguntas de su abogado estuvieron desde el principio enfocadas a que el investigado pudiera señalar a otras personas que en aquella época podrían tener competencias o responsabilidad en las decisiones adoptadas. Especialmente hizo hincapié en sus antiguos socios. Recordó que él compartía la administración de la empresa Inversiones Área Sur (constructora del Serrallo) con otra persona. El señalado era el representante de los propietarios del otro 50% de su sociedad, que era una firma de capital riesgo del Banco Popular.

También le preguntó su abogado quiénes fueron los promotores del restaurante (palabra con la que se refieren a la sala de fiestas construida en el Serrallo) y García Arrabal habló de "40 señores", que formaban parte de 683 Upper Club SL, la empresa que gestionaba el negocio, y de la que él solo se considera "uno más". Aportó los nombres de los otros 4 administradores de esa empresa y concluyó: "Pero no hay nadie más en este proceso. Y no sé por qué". También citó a los arquitectos y a otros empleados que habían trabajado para él en este asunto y que "tomaban sus propias decisiones".

García Arrabal no fue el único investigado que la semana pasada aportó nombres o derivó cualquier responsabilidad de los hechos a otras personas. El que era director de Obras, Manuel Lorente, insistió en que su tarea no pasaba de esa estricta responsabilidad, minimizó el tiempo que tuvo el cargo de gerente de Urbanismo y dijo que sobre las cosas que le preguntaban tenían que pedir explicaciones al director de Urbanismo de entonces, que era Jacobo de la Rosa y que ha sido testigo de cargo en este caso. Este funcionario fue el que abrió la caja de pandora con un informe interno de denuncia de las supuestas irregularidades urbanísticas en el Serrallo.

La exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, que acudió a declarar dos días después, también derivó cualquier posible responsabilidad hacia este mismo empleado y otros de este área municipal. "El funcionario que no trabaja bien, ni levanta el teléfono ni levanta el trasero de la silla y se hacen las cosas como aquel decreto que me pusieron a firmar", declaró la exedil en respuesta a las preguntas de la fiscal sobre las comprobaciones que se hacían para determinar si el promotor había pagado todas las cantidades que le correspondían.

La responsable política insistió una y otra vez en que ella firmaba los decretos sin conocer su contenido. Dijo que eran un "corta y pega" de las propuestas de los técnicos y que en el caso concreto del Serrallo, respecto del decreto que permitía levantar las cargas de los terrenos (algo que se hace cuando están todos los pagos liquidados), no se enteró de lo que estaba firmando hasta mucho tiempo después, cuando el asunto fue denunciado por Jacobo de la Rosa y se abrió una investigación judicial.

En este punto la jueza volvió a intervenir para preguntarle por su responsabilidad como concejal: "Aunque no lo redacte, ¿usted asumirá ese decreto y su contenido cuando lo firma?". Nieto hizo un símil judicial y le dijo: "Cada vez que un funcionario hace un informe es como una sentencia y no me puedo negar a firmarlo". La magistrada Jiménez insistió en el asunto y le interpeló sobre por qué, en su opinión, ella no podía negarse a firmar algo que consideraba ilegal:

-No es mi función, yo soy concejal-.

-Pero usted es licenciada en Derecho...- continuó la instructora.

-También podría ser fontanero...

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