Granada

La Audiencia estudia reabrir otra causa penal contra altos cargos de Urbanismo

  • El Ayuntamiento firmó un convenio que permitió hacer una calle en una zona verde

  • La Junta requiere a la ciudad para que restituya la legalidad y el gobierno actual busca soluciones

La Audiencia Provincial de Granada tendrá que decidir si acepta la reapertura de una antigua causa penal contra algunos de los cargos que formaban parte de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada hasta su detención e imputación en el caso Nazarí. Se trata del asunto del vial de La Chana, construido en 2007 junto a una gasolinera y sobre unos terrenos que estaban reservados para hacer una zona verde.

Una docena de vecinos del entorno, que sufren desde hace una década el intenso tráfico de una calle construida donde estaba prevista una zona verde, han decidido acudir a la Justicia para reclamar responsabilidades penales contra los que llevaron a cabo aquella operación urbanística. En su momento, el tema ya fue investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que llevó el asunto hasta los juzgados y denunció por supuesta prevaricación al exgerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y a otro exalto cargo, Emilio Martín Herrera. En ese primer momento el Ministerio Público detectó hasta seis irregularidades en la tramitación y construcción de ese vial, que sufragaron los propietarios de la gasolinera aledaña. Luego, la misma Fiscalía cambió de criterio y solicitó el archivo por "no quedar justificada la perpetración del delito". En 2009 la causa fue sobreseída de forma provisional y ahora los vecinos tratan de reabrirla antes de que prescriba.

Los vecinos de la zona piden personarse como acusación particular, por ser afectados

En el año 2006 el Ayuntamiento firmó un convenio urbanístico con las empresas propietarias y beneficiarias de los derechos de la gasolinera La Vega, instalada desde mucho antes en unos terrenos que correspondían al Ayuntamiento de la capital. El acuerdo consistía en que las sociedades obtenían el derecho de superficie para mantener el negocio de la gasolinera durante 75 años y a cambio se comprometían a compensar a la ciudad mediante la construcción de varias infraestructuras viarias, que eran la rotonda de la Avenida de Andalucía (a la altura de la calle Circunvalación) y un nuevo vial que conectaría La Chana con la zona Norte de la ciudad.

El problema es que el Ayuntamiento permitió e instó la construcción de esa calle, que la Junta de Andalucía ha calificado como un vial "estructurante", en unos terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) reservaba para zona verde. Esa situación irregular ha permanecido en el tiempo y el municipio mantiene esto como uno de los problemas urbanísticos a resolver, dado que hay un déficit de espacios libres que no se ha compensado.

La Junta de Andalucía (la Consejería de Ordenación del Territorio) envió en 2014 un requerimiento al Ayuntamiento de Granada, en el que le insta a restituir la legalidad urbanística y le recuerda que tiene la competencia en materia de disciplina. Y agrega en el documento que hay obligación de instar el traslado de la gasolinera. El actual gobierno municipal socialista comenzó el año pasado un proceso de revisión de este convenio y busca soluciones urbanísticas para el problema planteado, como expone el abogado de los denunciantes en su escrito al Juzgado.

Los vecinos de la zona afectados por esta actuación (pues compraron unas viviendas construidas en función a un proyecto de zona verde en el entorno) recurrieron a finales del año pasado al mismo juzgado número 5 de Instrucción que archivó la causa de forma provisional para pedir su personación como acusación particular y la reapertura del caso. Alegan que esa ocupación de la zona verde es una ilegalidad que se ha mantenido en el tiempo y a la que el Ayuntamiento no ha dado una solución, a pesar de existir novedades como el requerimiento de la Junta de Andalucía.

Los denunciantes explicaron a este periódico que tampoco han sido ajenos estos años a los diferentes casos penales en los que los mismos denunciados están siendo investigados, como el Serrallo o el Nazarí, donde se indaga sobre una supuesta trama de corrupción con acciones continuadas en el tiempo durante más de una década. Ellos sostienen que su caso no es diferente a muchas de las actuaciones investigadas y que presenta muchos puntos en común.

La primera respuesta del juzgado de instrucción fue la de rechazar la petición de los vecinos por considera la causa prescrita. Tanto los denunciantes como la Fiscalía recurrieron ese auto judicial alegando que aún no había transcurrido el plazo legal de 10 años, de tal modo que el Juzgado estimó la petición y los hechos no han caducado desde el punto de vista de las posibles responsabilidades penales. Pero hasta el momento no se ha reabierto la causa por varios motivos. El primero es que la Fiscalía, aunque haya defendido la no prescripción, no encuentra suficientes motivos novedosos que justifiquen retomar la investigación judicial. Y por otro lado, el juez de instrucción no acepta la personación como acusación particular de estos vecinos, que alegan ser sufridores de los ruidos y molestias provocados por la actuación urbanística.

Ante esta situación, los denunciantes han apelado y el asunto acaba de llegar a la Audiencia Provincial, que podrá decidir sobre la posible personación de los denunciantes y sobre la reapertura de la causa que ellos solicitan.

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