La decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de proponer que sean Sevilla y Málaga las sedes de las dos nuevas secciones penales de próxima creación, es inadecuada, injusta e indignante. Es una decisión que, además, contraviene la capitalidad judicial de Granada que está establecida en el Estatuto de Autonomía y no responde en absoluto a una lógica de buen gobierno o de optimización de recursos.

A mí me preocupa que quienes han tomado esta decisión no hayan tenido en cuenta ni lo que establece el Estatuto de Autonomía, ni el hecho cierto de que una buena parte de la sociedad granadina tiene una sensación arraigada de discriminación respecto a Sevilla y Málaga, precisamente. Por tanto, la reacción en contra de esta medida por parte de las instituciones granadinas y de la propia sociedad civil es algo lógico y debía haber sido previsible para los componentes de esa Sala de Gobierno.

Granada vive desde hace tiempo una situación que requiere un comportamiento ejemplar por parte de las instituciones y de los responsables de todas las instituciones que inciden en la vida pública y social de nuestra provincia, sean estas las que sean. Ello nos incluye a todos los que tenemos responsabilidades públicas.

Una buena parte de la ciudadanía percibe que nuestra provincia esta discriminada y piensa que no estamos a la altura de las demandas y necesidades de nuestra tierra. El asunto de llevar a Sevilla y Málaga las dos nuevas secciones del TSJA y la reacción de la sociedad civil y las instituciones debe enmarcarse en este contexto. Y es por eso que a partir de ahora, deberíamos tomar un camino diferente para poner a Granada y sus intereses generales por encima de otro tipo de intereses.

No podemos aceptar sin más que se produzca un desmembramiento de este órgano judicial con las consecuencias negativas en la calidad de los servicios y además, no podemos aceptar que se desprecie la capitalidad de Granada que forma parte de un acuerdo político elaborado con el objetivo de integrar a todos los territorios en un proyecto común de Autonomía para toda Andalucía.

Por eso es una decisión inadecuada e injusta y quienes la han adoptado, que son servidores públicos del ámbito de la justicia, no deben desconocer ni los planteamientos jurídicos, ni los planteamientos que generan acuerdos en la sociedad y construyen la cohesión territorial. Y en este caso, los han obviado.

Estoy convencido de que si continuamos unidos frente a esta decisión, lograremos que se dé marcha atrás y se rectifique de manera inmediata. Y que nunca más se vuelva a repetir. Pido justicia para Granada.