El Ayuntamiento de Huelva tiene también un contrato con una empresa privada de seguridad que se encarga de la vigilancia no sólo del Consistorio sino que también tiene personal movilizado en la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), en el edificio Puerta del Atlántico y en el centro multifuncional ubicado en La Orden. El coste de esta vigilancia sale anualmente por 900.000 euros, cantidad que está previsto incrementar hasta el millón de euros en los presupuestos de 2008. El dispositivo llega también al Parque Moret, donde tres vigilantes peinan la zona (con quad incluido) y aumenta con motivo de la celebración de eventos puntuales (al igual que la Diputación), como es el caso de las fiestas patronales o las Colombinas.

De momento, el Ayuntamiento de la capital no dispone de medios técnicos para el control de acceso al edificio (como arco de detección y escáner) para personas o paquetería. Precisamente el pasado verano, cuando los concejales fueron puestos en sobre aviso tras el fin de la tregua etarra y un comando de la banda dejó abandonado en su huida un vehículo con 130 kilos de explosivos en la provincia de Huelva (en Ayamonte), el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de un plan de seguridad que comenzó en agosto con la apertura de un concurso para contratar el suministro de terminales para identificar a las personas (funcionarios incluidos) en un total de quince dependencias municipales, filtros que -según el plan diseñado- se complementarán con efectivos de vigilancia.

El referido plan se encuentra en compás de espera, hasta la llegada del primer material que se ha encargado, entre los que ya figuran los medios de detección para el acceso a las instalaciones, según afirmaron ayer fuentes municipales. Según el calendario marcado hasta el momento, los primeros dispositivos (unos terminales con lector de mano) llegarán en el mes de abril, para el que se estableció inicialmente un presupuesto de 120.000 euros.

Según la liquidación del presupuesto del ejercicio 2006, el gasto en materia de seguridad fue mayor el pasado año, cuando inicialmente se presupuestaron 980.000 euros para vigilancia, aunque las obligaciones que figuran como reconocidas en este apartado (netas) alcanzaron los 1.351.852 euros.

En aquel ejercicio, se incluyeron además dos partidas para la adquisición de vídeocámaras y de otro material de seguridad que finalmente no se adquirió una vez cerrado el año.