Un año después del accidente de tráfico que sufrió un autobús de seguidores del Recreativo (20 de diciembre de 2006) cuando se dirigía a Madrid con 39 personas a bordo, y el que cuatro personas perdieron la vida, la tragedia sigue aún en vía judicial sin imputación alguna. El completo informe realizado por el grupo de especialistas de Inspección de los Transportes Terrestres de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla, publicado dos meses después de accidente por este diario, dejaba claro que el camión con el que chocó brutalmente el autobús onubense circulaba a más velocidad de la permitida y su conductor no había respetado los tiempos de descanso en una jornada maratoniana al volante. La Guardia Civil desvelaba además que el tacógrafo del trailer había sido manipulado, una manipulación que supuestamente había sido realizada por la empresa propietaria (Centro Comercial Ibáñez S. L.) Y de la que tenía total conocimiento el conductor, un ciudadano brasileño nacionalizado en Portugal, A. L. P., herido también en el choque.

El camión llevaba instalados varios dispositivos para modificar los datos reales, falseando así los que quedaban grabados en el disco. Con estos dispositivos se alteraban en un 15 por ciento los registros grabados en los discos relativos a velocidad, grupo de tiempos y distancia recorrida, es decir, se reducen en este porcentaje. Además tenía manipulado el dispositivo de limitación de velocidad, de forma que si el sistema registra que el vehículo se encuentra detenido (cuando según el informe se encuentra circulando), el limitador no recibe la señal y no funciona, por lo que el vehículo puede circular a "velocidades elevadísimas".

Después de este contundente informe, las representaciones legales de las víctimas han solicitado en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses que se denuncie tanto a la empresa propietaria del camión como al conductor del mismo, así como a la empresa de viajes organizadoras y a los herederos legales del conductor del autobús, al considerar que existió concurrencia de culpa. Hasta la fecha, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado, encargado del caso, no ha realizado imputación ni ha tomado declaración a la empresa propietaria del autobús, a la que le constan antecedentes de un caso similar por la presunta manipulación del tacógrafo en otro camión de la firma gallega. Al margen del procedimiento judicial, en el plano humano, la tragedia ha dejado importantes secuelas (físicas y psicológicas) entre los pasajeros de aquel autobús. Aún hay personas pendiente de intervenciones, otras en rehabilitación, algunas que han sido declaradas de incapacidad tras el accidente y muchas a las que el pánico no les deja subir a un autobús.