La supresión del abogado de imputados desata el caos en el Juzgado de Violencia

  • Las víctimas pasan horas esperando a que el juez pueda protegerlas

  • El órgano exclusivo contra el maltrato se ve obligado a compartir letrado con el juzgado del turno de guardia

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva se ha quedado sin el abogado del turno de oficio que asistía a los imputados. La medida -ejecutada por el Colegio de Abogados y que está en vigor desde hace una semana- está provocando graves retrasos en la asistencia a las víctimas de malos tratos del partido judicial de Huelva, según explica a este rotativo el titular del órgano, Ricardo Ruiz. Ahora se ve obligado a compartir abogado de oficio para investigados con el juzgado que esté de guardia.

Como muestra, un botón: el lunes pasado el juzgado exclusivo registró seis atestados policiales, ya que suelen acumularse durante el fin de semana. Las seis víctimas fueron citadas a las 9:30, pero como el Juzgado de Instrucción 5 tenía una ingente cantidad de detenidos -varios por narcotráfico y robos con violencia-, el letrado que los asistió "no pudo estar con nosotros hasta la 13:00". Es decir, que las mujeres estuvieron esperando en la sala de espera tres horas y media para conocer las medidas de protección que dictaba el juez.

El Colegio de Abogados apunta a limitaciones impuestas por la Junta para justificar la medida

Detalla Ruiz que "si comparto un letrado con 18 imputados del día en seis juzgados, ese imputado va a declarar a las 14:00 si es que puede declarar, porque para tomarle declaración tiene que estar asistido por un abogado; si ese día no puede declarar porque no hay abogado, lo que pasa es que la víctima se va a ir a su casa sin la orden de protección o va a tener que estar horas sentada en un banco de madera esperando a que yo pueda resolver". Hasta ahora este proceso podía solventarse en apenas media hora.

Cierto es que el juez de Violencia puede adoptar medidas cautelares, "pero ni esa es la finalidad de la ley ni es una situación justa para la víctima, porque la víctima que no se va con una orden de protección no tiene acceso", por ejemplo, a las rentas de inserción o a una casa de acogida.

A lo largo de la semana pasada fueron unas 15 las mujeres que pasaron la mañana sentadas en la fría bancada del órgano (en el Palacio de Justicia), muchas acompañadas por sus hijos pequeños y varias en situación "de riesgo policial alto", lo que se traduce en que su integridad física corría verdaderamente peligro.

"La víctima viene con miedo y le cuesta muchísimo presentarse en sede judicial; hay que tener en cuenta que no viene a denunciar que le han robado el coche sino al padre de sus hijos, con el que lleva años de relación, a un hombre al que han sacado de su casa con las esposas, que se supone que iba a conformar un hogar feliz con ella". Con este panorama es fácil adivinar que su situación psicológica es "durísima, porque se añade que tiene que ver pasar a este señor detenido, declarar contra él, contarnos intimidades, y encima ahora nos encontramos con que le tenemos que decir que espere hasta que dios quiera", lamenta el magistrado.

No es un asunto baladí, teniendo en cuenta la gravedad de los asuntos que ve Ruiz y la urgencia de los mismos. Pero para dar una respuesta "rápida y que sea prudente para una víctima necesitamos que los recursos acompañen". No caben las excusas.

El responsable inmediato de este recorte es el Colegio de Abogados de Huelva. Su gerente, Fernando Rodríguez Verdugo, manifiesta al respecto que la guardia de imputados del Juzgado de Violencia sobre la Mujer "era opcional, no para toda la vida; antes teníamos recursos para poder ofrecer esa guardia, ya no".

Y no lo tienen, argumenta, porque la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía -a través de una orden fechada el 28 de abril pasado- "nos dice que sólo podemos fraccionar el 30% del total de nuestra guardias anuales". Esto es, que sólo se pueden dividir al 50% un total de 309 guardias del máximo estipulado para este año en Huelva, fijado en 1.030. Así, dos abogados de oficio que trabajan 12 horas (en lugar de que uno solo permanezca las 24 horas alerta) duplican la atención en los puntos más necesarios o conflictivos, caso del Juzgado de Violencia.

Agrega Rodríguez Verdugo que "estamos totalmente limitados y la única opción que teníamos era eliminar la guardia de imputados, que era la que podía nutrirse del letrado que está de guardia para el resto de juzgados".

Este diario consultó además a la Junta de Andalucía, que se limitó a decir que el responsable de la organización de los juristas del turno de oficio es el Colegio de Abogados.

El magistrado Ricardo Ruiz no busca culpables, "sino soluciones". Y no lo hace por él: "Yo capeo el temporal como puedo". Lo hace por las víctimas. Pone la lupa sobre el panorama que se avecina en pleno verano, donde la población del partido judicial se duplica (incluye a Punta Umbría y el área metropolitana) y la entrada de asuntos será "contundente". Hay días que podemos tener "hasta 14 atestados". Con todo, plantea que "se reconsidere la medida o se haga un esfuerzo presupuestario cortando de otro sitio, porque hay que buscar una solución". Urgentemente. La solución sería "reponer a ese abogado de manera inmediata, porque entiendo que es fundamental para evitar la disfunción y el daño a la víctima y a sus hijos".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios