En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la contratación de personas de este colectivo ha marcado un nuevo récord histórico. En los diez primeros meses del año, Huelva se situó entre las provincias del país a la cabeza en el crecimiento del empleo a este colectivo, tan solo por detrás de Teruel y de Ávila.

Según los datos aportados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los contratos a personas con discapacidad se situaron en 4.224 entre enero y octubre, un 34,3% más que en el mismo periodo del pasado año. El aumento de esta variación ineranual fue la tercera mayor registrada hasta el mes pasado, por detrás del crecimiento de la tasa en Teruel (40,2%) y Ávila (37,4%). Tras Huelva se situaron Huesca (25,2%), Zamora (25%) y Zaragoza (24,4%)

A nivel nacional, en los diez primeros meses de 2017 se firmaron 258.637 contratos con personas con discapacidad, lo que supone un incremento del 16,46% respecto al mismo periodo de 2016, ejercicio que hasta ahora ostentaba el récord de la serie histórica.

Pero en caso de Andalucía, la variación interanual es superior a la media nacional, al situarse en el 20,2%. Tras Huelva, Cádiz y Sevilla lideraron la subida de las contrataciones a nivel regional, con 3.352 y 11.544 contratos y ascensos del 23,9% y 23,2%, respectivamente.

En general las cifras de contratación entre personas con discapacidad muestran un incremento sostenido de la contratación de este colectivo en todas las comunidades autónomas y más destacado en el caso de la provincia onubense. Asimismo, se registra un peso cada vez mayor peso de la contratación indefinida, que hasta octubre de 2017 creció un 17,06%.

La contratación de personas con discapacidad ha crecido ininterrumpidamente desde 2012 y en 2014 se superaron por primera vez los 200.000 contratos. Así, entre 2012 y 2016 se firmaron un total de 1.299.467 contratos de personas con discapacidad.

Entre otras medidas impulsadas por el Ministerio de Empleo está el convenio especial de la Seguridad Social para personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, que era una de las principales demandas del colectivo. Permite que estos ciudadanos y sus familias puedan hacer aportaciones a la Seguridad Social que suplan los períodos en los que no trabajen, para garantizar así que en el futuro puedan contar con los mismos derechos a pensión y prestaciones que el resto de trabajadores.