La flota onubense se ha movilizado a lo largo de este año en varias ocasiones, que han dado lugar a diversos amarres indefinidos. Los problemas en este sector se vienen repitiendo en los últimos años a causa de la subida de los precios del combustible y la caída del precio de las capturas que no llega para hacer rentables las empresas pesqueras, según argumentan los armadores. Cuando los números aprietan marinería y armadores hacen piña frente a la administración, lo que obliga a las autoridades autonómicas a buscar una y otra vez salidas y argumentos para poner fin a los conflictos.

De hecho estas circunstancias fueron, entre otras, las que pusieron en marcha un Plan sobre los recursos del caladero, a partir del cual las distintas modalidades pesqueras programan paradas biológicas para permitir la regeneración de las especies, también se puso horario para salir a faenar y se limitó la talla y tara de las capturas. En resumen, una batería de medidas que poco a poco van dando resultados, al menos en lo que se refiere a la regeneración del caladero.

Más complicado es alterar el precio en los mercados. Los armadores se han encontrado con que coincidiendo con las paradas biológicas se abre la puerta a mercancías de otros países, de dentro y fuera de la UE, que por no tener límite en la tara de las capturas saturan los mercados haciendo caer los precios hasta dos terceras partes. Esto unido a las continuas subidas del precio del gasoil hace que "las empresas sean inviables", según los armadores. Así las flotas de la chirla y cerco han protagonizado a lo largo del año distintas huelgas indefinidas para exigir a la administración pública que les ayude a ser más competitivos. Por poner ejemplos concretos, la chirla del Golfo de Cádiz se llega a pagar en lonja por debajo del euro/ kilo mientras un estudio de la Junta de Andalucía estima que no es rentable por debajo de 3.80 euros/kilo.

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, que dirige el ayamontino Isaías Pérez Saldaña, ha logrado desbloquear los conflictos con más maña que fuerza. Así se ha comprometido a poner en marcha un plan de comercialización pero, también advierte, que el sector tiene que estar firmemente comprometido. Además, a través de la empresa pública, se han llevado a cabo diversas campañas de promoción de los productos pesqueros.

En el caso concreto de la chirla, la Consejería ha apoyado económicamente la adquisición de maquinaria para cada una de las cofradías del Golfo de Cádiz con el objetivo de etiquetar la mercancía que salga de estos puertos con un distintivo de calidad que permita elevar el precio. Sin embargo, la Consejería también ha advertido al sector que para seguir adelante con la línea de trabajo que se han propuesto es imprescindible que los armadores se pongan de acuerdo y terminen de crear la OPP del sector, organismo clave en la comercialización y que está bloqueado a consecuencia de enfrentamientos particulares.

Uno de los momentos más tensos del año tuvo lugar en el otoño con el cambio de fechas de la parada biológica del Cerco. En lugar de ser de 40 días a partir de noviembre, este año se prolongó a 60 días.

Según los datos oficiales, en la provincia están inscritas un total de 423 embarcaciones en los puertos de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría. La mayor parte pertenecen a la modalidad de arrastre, en total 142 barcos; 110 son de artes menores, 123 de rastro y draga hidráulica y 48 de cerco.