El peaje del plan de proveedores: más recortes, más impuestos

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La 'Operación Proveedores' será una prueba de fuego para el plan de saneamiento que aprobó el Ayuntamiento de Huelva hace tres meses, el llamado Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, un documento que tendrá que casar con el plan de ajuste que ahora exige el Gobierno para que se abra el grifo de este crédito sindicado.

Una vez conocida toda la información sobre las facturas pendientes, la corporación local elaborará un plan de ajuste que deberá aprobarse antes del 31 de marzo y que tendrá que ser aplicado en el período de amortización previsto para la operación, siendo remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que realizará una valoración en un plazo de treinta días naturales. Los técnicos del Ayuntamiento de Huelva, pues, tendrán que ajustar los nuevos parámetros de saneamiento exigidos por el Gobierno a la programación de recortes a la que ya habían dado luz verde el Pleno onubense -con el rechazo de la oposición- y la Junta de Andalucía. El Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014 traza un panorama de estabilidad presupuestaria en tres años, cumpliendo con los objetivos establecidos por la Comisión Nacional de Administración local. Entre otras cuestiones, en este trienio se prevé para la ciudad de Huelva una subida progresiva del 11,8% en los impuestos directos, la recaudación por tributos indirectos se incrementa un 52,9% y las tasas acumulan una escalada del 17,1%.

Los nuevos requerimientos del Ministerio de Hacienda popular podrían apretar más estas tuercas, como garantía de viabilidad del plan de ajuste y la financiación que tendrá que amortizarse en la próxima década para atajar en 2012 la deuda comercial.

Igualmente, el Consejo de Ministros, que el viernes incubó la esperada y anunciada Ley de Estabilidad Presupuestaria, fijó el objetivo del déficit de las entidades locales para este año en el -0,3%, con lo que el Ayuntamiento de Huelva tendrá que contraer todavía más el gasto. La tijera ya se ha metido en 18 contratos de servicios públicos y se prevé un ahorro en personal en estos tres años de 3,2 millones (se amortizarán todas las vacantes en este periodo). Igualmente se busca el ahorro con medidas organizativas como la supresión de organismos autónomos y la reestructuración de sociedades municipales.

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