La oposición aguarda con cautela la resolución final del TSJA sobre el presupuesto

  • PP, IU, C's y MRH recuerdan que el auto del TSJA rechaza suspender de forma cautelar las cuentas de 2016, si bien la sentencia está por llegar

Pleno del 2 de septiembre de 2016, en el que se aprobaron las cuentas tras suspenderse el plan de rescate heredado. Pleno del 2 de septiembre de 2016, en el que se aprobaron las cuentas tras suspenderse el plan de rescate heredado.

Pleno del 2 de septiembre de 2016, en el que se aprobaron las cuentas tras suspenderse el plan de rescate heredado. / j.r.

El abanico de valoraciones tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a suspender de forma cautelar los presupuestos municipales de 2016 transita entre la euforia del equipo de gobierno a la cautela y advertencias de los grupos municipales que no vieron claro desde el principio la suspensión de los acuerdos municipales que llevaron en 2014 al Consistorio a acogerse al último plan de rescate. Esa anulación fue la vía que permitió validar la cuentas para el pasado año.

Tal y como apunta la portavoz popular, Pilar Miranda, el auto -que no sentencia- sobre las medidas cautelares solicitadas por el Estado, no resuelve la cuestión de fondo sobre las cuentas, de modo que el proceso sigue su curso y sigue en los tribunales el recurso de anulación del presupuesto del Ayuntamiento de Huelva de 2016. Por lo tanto, "la suspensión no afecta a la situación actual", resume Miranda.

La mayoría de grupos ve lógico no suspender provisionalmente unas cuentas ya ejecutadas

El TSJA entiende que hay que anteponer los intereses generales a posibles perjuicios acreditados en la aprobación de las cuentas del pasado ejercicio y, al respecto, la popular entiende que al estar ejecutado el presupuesto de 2016 no tendría sentido la suspensión cautelar, algo de sentido común bajo su punto de vista.

Miranda deja claro que el recurso fue presentado por el Estado y no por el PP, ya que se trata de un asunto "técnico" sobre dinero público, que es "de todos". Además, recuerda que el Consejo Consultivo Andaluz (CCA) ya emitió un dictamen vinculante desfavorable después de que el Estado enviara dos requerimientos al equipo de Gobierno que no obtuvieron respuesta.

"El PSOE tiene que hacer los deberes, presentar unas cuentas legales y no gobernar a golpe de modificaciones presupuestarias. La situación es de limbo económico, los proveedores cobran peor que hace dos años y las empresas no se presentan a las licitaciones", sostiene.

También IU entiende que lo que hace el TSJA es ser prudente, al no interrumpir el normal funcionamiento de la ciudad, si bien el fondo del asunto queda aparcado hasta que se resuelva definitivamente la diatriba jurídica que supone la anulación o no definitiva de las cuentas. En cualquier caso, tanto si se anulan como si se dan por buenas, la formación cree que "o el PP o el PSOE han metido la pata".

Así lo señala el edil Juan Manuel Arazola, quien reprocha la "alegría" con la que el PSOE traslada una realidad sobre el Ayuntamiento que "no se corresponde con la verdad". Así, recuerda que el Consistorio "está al borde de la quiebra", que debe los tres préstamos de pago a proveedores pedidos, así como el último préstamo de 63 millones. Además, apunta que la deuda bancaria a corto y largo plazo "se sitúa por encima de los 240 millones y si se le suman los intereses a y la deuda a proveedores la cifra asciende a más 340 millones". Por ello, valora que "esta es la realidad del Ayuntamiento, así que no se debe confundir este auto con que ahora se hace borrón y cuenta nueva".

Para el portavoz de Mesa de la Ría también es importante resaltar que el pronunciamiento del TSJA no resuelve la legalidad o no del acto de aprobación de los presupuestos, ya que únicamente dictamina que los mismos no quedan suspendidos cautelarmente mientras llega o no el pronunciamiento definitivo sobre este asunto.

El rechazo de la suspensión cautelar le parece a Rafael Gavilán una decisión lógica y sujeta a derecho, dado que la propia Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que las medidas cautelares podrán ser denegadas "cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales". En este caso, a su juicio, es evidente que determinar "cautelarmente" la ilegalidad de unos presupuestos sería una irresponsabilidad por parte del TSJA, ya que de dictaminarse finalmente su viabilidad legal, los daños o perjuicios a los intereses generales que ello hubiese podido aparejar durante dicho periodo serían de imposible reparación.

María Martín recuerda que C's apoyó los presupuestos "por responsabilidad" y dice que el hecho de "que el PP los recurriera es una decisión de ellos" que deja a un presupuesto "en entredicho", si bien ahora el TSJA "ha dado un paso en el desbloqueo". "Nosotros respetamos las decisiones judiciales y esperaremos a ver como acaba esto", señaló la portavoz.

Quienes no ocultan su satisfacción son el portavoz de Participa Huelva y los dos ediles no adscritos. El primero, Jesús Amador, recuerda que en su día apoyó saltarse estos y todos los planes de ajustes que impiden la soberanía económica del Ayuntamiento y que Montoro, en sus palabras, usa para privatizar los servicios y acumular cada vez más riqueza en manos de unos pocos empresarios cercanos a los gobiernos de turno. A su juicio, el PSOE ha sido valiente a la hora de tomar esta decisión, pero su valentía "se queda en rescatar a la empresa que gestionaba el Recreativo, ya que lo de rescatar a las personas, aparte de valentía, requiere decisión de poner las instituciones al servicio del pueblo".

Por su parte, tanto Ruperto Gallardo como Enrique Figueroa muestran su satisfacción y aseguran que la resolución del TSJA demuestra que las cosas se hicieron bien. No en vano, los dos ediles no adscritos apoyaron -entonces como presidente y concejal de Ciudadanos- al equipo de gobierno en esta travesía presupuestaria. Ambos ediles consideraban que lo que hizo el PSOE era lo mejor para la ciudad y, para dar su respaldo al equipo de gobierno tuvieron en cuenta un informe externo realizado por expertos y avalado por Javier Barnés. "Espero que finalmente los tribunales den la razón a los que votamos a favor porque entendimos que era "lo legal, lo correcto y lo mejor para la ciudad", señala Gallardo.

Para la concejala de Economía, María Villadeamigo, la no suspensión cautelar del presupuesto de 2016 "tumba la tesis del PP" de que el equipo de gobierno no hace las cosas bien, deja claro que "el interés general supera los intereses particulares de los populares", refrenda la convicción absoluta del PSOE de que el presupuesto aprobado es el que necesitaba Huelva y asegura el empleo en la ciudad, los servicios públicos básicos, las empresas públicas y la políticas de inversión.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios