La nueva hoja de ruta incluye la finalización de los barcos paralizados

  • El convenio propuesto por la Junta sustituye el cese de la actividad naval por una "reestructuración" de Astilleros · No obstante, mantiene el inicio de un procedimiento concursal y la creación de otra empresa

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El futuro de Astilleros de Huelva ya no pasa necesariamente por el final de la actividad de construcción de grandes barcos en la provincia. La nueva hoja de ruta para las atarazanas de Huelva y Sevilla elimina toda referencia al cese de la actividad naval y además aporta una novedad relevante: se incluye la realización de "los mayores esfuerzos" para lograr la finalización de los buques 845 y 846, paralizados por problemas de financiación en los astilleros onubenses.

Ésta era una de las principales peticiones de los trabajadores y los sindicatos, la culminación de la carga de trabajo actual del astillero. La construcción de estos dos barcos de apoyo a las plataformas petrolíferas quedó paralizada por problemas de financiación del armador, al negarle los bancos una ampliación del crédito para la realización de mejoras. Debido a esta parálisis, la empresa presentó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la casi totalidad de la plantilla de Astilleros de Huelva y sus dos auxiliares, Nueva Lima e Instalaciones Industriales y Navales de Huelva (las tres suman un total de 331 trabajadores). Hace una semana, Astilleros aseguraba haber alcanzado un acuerdo verbal con las entidades financieras para proseguir la construcción de ambos buques, aunque la Junta de Andalucía ponía en duda la efectividad de dicho convenio.

Tras la última reunión mantenida, en la que los sindicatos expresaron su apuesta por la continuidad de la construcción de los barcos en Huelva, la hoja de ruta modificada incluye entre sus especificaciones que el administrador de Astilleros emprenderá una negociación con todas las partes afectadas (los armadores, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, las entidades financieras y la Sociedad de Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión -Pymar-) para lograr la finalización de estos buques. Pero no especifica que sea en Huelva, algo que reclaman los sindicatos.

Esto garantizaría carga de trabajo en la atarazana durante casi dos años, en los que la instalación mantendría por tanto su carácter de factoría naval. Pero además, en el nuevo documento desaparece cualquier referencia a la cesión de la licencia de construcción de buques de Astilleros, principal escollo en la negociación entre la Junta (a favor) y la empresa (en contra, aunque lo propuso inicialmente). En su lugar se habla de una "reestructuración de la actividad" para paliar las consecuencias sobre el empleo que pudieran derivarse de la crítica situación actual de la compañía, que acumula 214 millones de pasivo y carece de liquidez para continuar su actividad. Un cambio de postura que ya dejaba entrever hace unos días el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez, quien aseguraba que la cesión de la licencia naval (con el objetivo de lograr ayudas europeas por el cierre del astillero) no era una condición "indispensable" en la negociación.

No obstante, aunque se elimina la referencia al cese de actividad no se habla de mantenimiento de la misma y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Innovación, conserva en su propuesta el camino marcado en la primera: cesión de los derechos de los accionistas a un administrador único, inicio de un procedimiento concursal y ampliación del ERTE que se está ejecutando. En cuanto al segundo punto, la empresa ya comunicó al juzgado de lo mercantil el inicio de las negociaciones con acreedores (suma 280 millones de euros de deuda entre Huelva y Sevilla según los datos de la Junta) acogiéndose al artículo 5.3 de la Ley Concursal y está iniciando dichas conversaciones. Transcurridos tres meses, si no hay acuerdo con esos acreedores, se vería obligada a presentar un concurso que también se prevé en la hoja de ruta, que da facultades al administrador único que se nombraría para llegar incluso hasta la liquidación de la compañía, es decir, que se sigue incluyendo la posibilidad de cerrar la factoría. Será el nuevo administrador el que decida su futuro siempre "defendiendo los intereses" de Astilleros, sus trabajadores, accionistas y terceros.

La Junta también conserva en su propuesta la creación de una nueva unidad de negocio en Huelva relacionada con actividades navales, una empresa para la que la Administración asegura contar ya con un inversor interesado y que permitiría absorber empleados afectados por la reestructuración de la actividad en Astilleros. Además, la hoja de ruta reitera que se promoverá la instalación de otras nuevas empresas para paliar los efectos negativos sobre el empleo, algo para lo que la Junta contaría ya con cuatro inversores de distintos sectores interesados en instalarse en la provincia.

Estas consideraciones responden en parte a los requerimientos hechos por la naval a la Administración autonómica. Ahora, la pelota está en el tejado de Astilleros de Huelva (propietaria del 80% de Astilleros de Sevilla), que tendrá que responder en escasos días al documento que le entregaba IDEA el pasado miércoles. Ayer, los servicios jurídicos de la empresa estudiaban las modificaciones para preparar esa respuesta, que tendrá que ser aprobada por un consejo de administración que la compañía convocará entre hoy y el próximo lunes. En el caso de que acepte la propuesta autonómica, se pondrá fin a un proceso de negociación iniciado en septiembre y que tiene a la espera a más de 550 trabajadores en Huelva y Sevilla.

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