Más de 420 niños onubenses están en situación de desamparo

  • En cinco años se reduce a la mitad la cifra de críos en centros tutelados gracias al acogimiento y la reunificación

  • La Junta busca más familias que ofrezcan a los menores amparo temporal

No es plato de buen gusto para nadie retirar un niño a sus padres. Cuando el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía -dependiente de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales- interviene, ya se han agotado todas las posibilidades previas o se ha detectado que un menor está sufriendo un maltrato grave, que puede hacer peligrar su integridad física o emocional o provocar significativos daños en su desarrollo. Es, para entendernos, el último eslabón de la cadena. "Son situaciones muy extremas", indica el jefe del Servio de Protección de Menores en Huelva, Miguel Calero, a Huelva Información.

En el territorio onubense se contabilizan, a día de hoy, un total de 428 críos en situación de desamparo, tutelados por la Administración autonómica y cuidados en centros de protección o en el seno de sus familias extensas o de otras voluntarias y solidarias de acogida, familias ajenas. Veamos cómo funciona el sistema de protección infantil.

Reglas de intervención

El sistema de protección de menores tiene como principio supremo la prevalencia del interés del niño. En base a ello se diseñan las medidas preventivas que van encaminadas a "erradicar determinadas situaciones de desequilibrio, desestructuración de las familias que hacen que la crianza del menor se pueda poner en peligro, su desarrollo integral, social, psicológico...", precisa Calero. En función de la intensidad de estas medidas "puede que llegue el caso aquí o que no". El Servicio de Protección, recordemos, sólo asume los casos más graves.

Entre estos principios hay uno básico: el intento de la permanencia del menor en su ámbito familiar. Incluso después de la separación de sus padres "intentamos por todos los medios que el menor se quede en su entorno, con su familia extensa, fundamentalmente (abuelos, tíos...)". Pero si esto no es posible, se procura en primera instancia "una alternativa familiar antes que el acogimiento residencial", que sería la última opción.

Otra de las premisas que suele cumplirse es la no separación de los hermanos, bajo ningún concepto.

En el momento en que la Administración decide retirar el niño a sus padres, siempre se cuenta ya con un plan de intervención que "es el camino de retorno de ese menor a su familia". De este modo, en cuanto se restablecen las condiciones, se produce la reunificación familiar. "Si no es posible, buscamos otras medidas más definitivas para el menor: la guarda con fines de adopción y, posteriormente, la adopción", de modo que el niño no se pase la vida en un centro de protección.

El maltrato infantil

Lo que motiva la intervención de la Junta de Andalucía en cuestión de menores es la situación de malos tratos que se sospecha que está sufriendo del niño, entendiéndose como "cualquier acción, omisión o trato negligente no accidental" y siempre que sean los padres los responsables, no por parte de terceros, a no ser que sea consentido por los progenitores. Dentro del maltrato hay distintos niveles: leve, moderado y grave. En el primero sólo intervienen los Servicios Sociales de los municipios; en el segundo, el trabajo de éstos se conjuga con el de "Educación y Sanidad en coordinación y los Equipos de Trabajo Familiar (ETF)"; en el tercer nivel ya interviene el Servicio de Protección de Menores.

El maltrato puede ser físico, psicológico y emocional, negligente, puede haber abusos sexuales, abandono físico o cognitivo del niño, corrupción de menores, retraso no orgánico del crecimiento, explotación, maltrato institucional, maltrato prenatal y síndrome de Munchaüsen por poderes.

Detengámonos en estos dos últimos. El maltrato prenatal es aquel que se produce cuando una mujer embarazada no se cuida y, por ejemplo, "consume algún tóxico". Se produce entonces, explica Calero, un "contagio vertical". Con un simple análisis de orina "puede dar positivo el crío; además, puede desarrollar el síndrome de abstinencia y hay niños que hemos visto botar en la cuna de recién nacidos" por este motivo. Suele dejar a los niños secuelas imborrables, "con daños neurológicos o cardíacos para toda su vida". La madre puede llegar a tener responsabilidad penal. Este tipo de maltrato en Huelva es "bastante habitual", lamentablemente.

Menos corriente, pero con presencia en el sistema, es el síndrome de Munchaüsen por poderes. Calero lo define: "Pienso que mi niño está malo y no hago más que llevarlo al médico y acabo creando una persona enferma, el niño no sale de casa, está acostado, medicado...". Pero se acaba detectando. Cuando unos padres llevan tres o cuatro veces a su hijo al centro de salud sin que esté enfermo, "los médicos nos hacen a nosotros un parte y otro al juzgado y nos lo ponen en conocimiento".

El trabajo de los ETF

Hay una serie de recursos alrededor de las familias que se empeñan en conseguir que éstas corrijan sus errores para que no haya que separarlas de sus hijos o, que si ya se les han retirado, que ellos puedan regresar a su hogar. Con garantías, eso sí. "Lo que realmente no queremos son menores en la administración", apostilla el responsable, quien agrega que "entendemos que el Servicio de Protección de Menores no debería existir en una sociedad avanzada, equilibrada y justa, donde el sistema de educación funcionara", pero no es el caso.

Los Equipos de Trabajo Familiar (ETF) se emplean a fondo para prevenir las situaciones de riesgo antes de que el caso arribe a Protección de Menores. Y tienen otro programa para conseguir la reunificación familiar, de modo que los padres biológicos eliminen "su déficit y alcancen una serie de objetivos para que el niño vuelva". Para ello los profesionales marcan, consensuados con la familia, una serie de objetivos, las etapas y la forma en que se va a trabajar para corregir el desaguisado. Si en 18 meses no los alcanzan, los ETF pasan el testigo al Servicio de Protección de Menores. Y si el caso ya ha pasado por él, "nos deben decir si todo está apto para la reunificación o no" y fiscalizar a los padres.

Qué es de su competencia

El Servicio de Protección de Menores interviene cuando -además de maltrato- existe un abandono voluntario del niño por parte de su familia, cuando es habitual su falta al colegio, cuando se le induce a la mendicidad, a la delincuencia, a la prostitución o a cualquier otra forma de explotación económica.

Si el niño vive una situación de alcoholismo o drogadicción habitual (con consentimiento de sus padres o no), si los progenitores consumen psicotrópicos o padecen un trastorno mental grave que impide el normal ejercicio de la patria potestad o guardia, también es competencia del Sistema, así como cuando el niño se ve involucrado en una situación, por ejemplo, de violencia machista. Además, se hace cargo de los menores cuando los padres han fallecido o se encuentran en prisión y no pueden ejercer la guarda.

El desamparo

La Junta de Andalucía pondrá en marcha en los próximos meses una herramienta informática llamada Valórame, que ya funciona de forma experimental y con la que todos los agentes implicados pueden realizar una valoración de la situación de desprotección de los menores y del daño que sufren.

El Servicio de Protección de Menores, una vez que decide instruir un procedimiento de desamparo, solicita toda la información y recomienda a los padres que busquen un abogado. "Antes de los seis meses tenemos que hacer una propuesta", que va a la Comisión de Medidas de Protección al Menor, en la que están representadas Igualdad, Educación, Salud y técnicos de los Servicios Sociales. "Una vez que está la resolución, entramos en la notificación y en la ejecución de la medida", sentencia Calero.

Los padres tienen 15 días para presentar alegaciones. Los técnicos (trabajadores sociales, psicólogos y juristas) tratan de ofrecerles alternativas y de expresarles que puede ser, si se afanan, algo temporal que desembocará en la reunificación.

La retirada del menor

Si los padres son colaboradores, los funcionarios pueden recoger al niño en su propio domicilio. Otras veces "los citamos aquí, o vamos a la casa y no nos abren la puerta o se ponen agresivos". En otras ocasiones más drásticas, "retiramos al niño en el colegio", con la colaboración de la Policía y del propio centro.

En caso de que nada funcione, "ya sólo nos queda el auto judicial de entrada como ejecución forzosa de la medida administrativa, que podemos tenerlo en tres días", señala el jefe del Servicio.

¿Adónde van los críos?

La primera opción siempre es el acogimiento familiar. En esta situación hay ahora mismo en Huelva 264 menores de los 428 que están en desamparo. Se prima el entorno del niño, la familia extensa: sus abuelos, sus tíos, sus allegados incluso. Pero para ello tiene que haber idoneidad, "porque no lo vas a meter en otro entorno sin garantías".

La siguiente opción es la familia ajena, voluntarios instruidos y "profesionalizados" que dan cobijo a los pequeños bajo su techo, de los que en Huelva hay 45 familias en total asociadas en el colectivo Acompáñame.

Quince de ellas son familias de acogida de urgencia, "con total disponibilidad" y que no cobran más que una dotación para el mantenimiento de los menores. Los niños permanecen en ellas un máximo de seis meses.

Luego existen los acogimientos temporales, familias con las que los chiquillos se quedan a vivir dos años y medio a lo sumo y que son "las más necesarias, es donde queremos y necesitamos aumentar la bolsa hasta 25 ó 30", especifica Miguel Calero. Alcores es la que las instruye y la que gestiona y controla los acogimientos.

Por último, están los permanentes, "donde ya el crío no tiene opción de irse con su familia biológica y por su edad o sus características especiales no puede ser objeto de una adopción". Puede quedarse hasta ser mayor de edad si es preciso. "Cabe también la posibilidad de que, a los tres años de acogimiento permanente, planteemos judicialmente que le den parte de las funciones tutelares a esos acogedores", apunta.

El centro de acogida

La última opción es el acogimiento residencial. En Huelva hay 194 plazas disponibles, 24 de gestión pública (en el centro Juan Ramón Jiménez) y 170 concertadas. "Ya no existe el concepto de los hospicios porque son viviendas, unas de seis a ocho plazas y la más grande que tenemos es para 12 ó 13 niños", es decir, que la atención es más personalizada.

De ellas, 136 son plazas residenciales básicas, pero existen dos centros de acogida inmediata en Huelva y Aljaraque, uno de acogida para menores extranjeros no acompañados (10 plazas), otro para menores con discapacidad (6 plazas) y un centro de conflicto social (10 plazas).

Actualmente 164 niños residen en estos recursos autonómicos. Si viajamos cinco años atrás, recalca Calero, la cifra rondaba los 300, casi el doble. El decrecimiento se debe "al trabajo preventivo que se realiza, a las familias de acogimiento que hay y al trabajo que se está haciendo de reunificación".

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